Permiso de paternidad

SI SON razonables las críticas a la reforma del Estatut catalán o de cualquier otro Estatuto de autonomía en aquellos puntos que pudieran vulnerar la igualdad entre los españoles (de derechos, de prestaciones, de atención institucional...), más lo han de ser, seguramente, las que denuncien el acuerdo logrado entre la Administración central y los sindicatos que otorga diez días de permiso de paternidad a los funcionarios de aquella y hasta dos meses de baja por maternidad a las funcionarias. La cuestión no es, desde luego, que los funcionarios del Estado central no merezcan esos permisos para atender a sus recién nacidos, sino que, precisamente porque merecen esos nuevos beneficios, los funcionarios de las otras administraciones, cuyas paternidades generan idénticas necesidades, los merecen también. Pero si el Estado, que ha de vigilar la igualdad de los ciudadanos en cualesquiera territorios de la nación, no puede conculcar él mismo ese principio estableciendo privilegios, menos puede ahondar en las diferencias entre los que trabajan para él y los que no, es decir, el resto de los trabajadores. Si resulta inaceptable que un funcionario de la Administración local o autonómica no pueda gozar de los mismos beneficios sociales que uno de la central, menos aceptable aún resulta que un albañil, un delineante, un periodista, un agente comercial, un camarero o un agricultor no pueda disfrutar también de esas justas conquistas para su mayor bienestar y el de su descendencia. Si a la precariedad del empleo, al despido barato o a la nefasta «movilidad» laboral que sufren los trabajadores no funcionarios del Estado, se le añade esta nueva discriminación respecto a los que sí lo son, el contenido social progresista de la nueva norma no sólo se diluye, sino que se torna en un agravio de mal estilo para los trabajadores del país. O dicho de otro modo: que alcance a todos, funcionarios y no funcionarios, esa pequeña aunque apreciable concesión legal.