Están inventando una nueva censura

¿ES LEGÍTIMO que el Estado cree un Consejo Audiovisual? Sí. Casi todos los países europeos disponen de un órgano similar, aunque con funciones diferentes. Casi todos los partidos españoles lo han anunciado en sus programas electorales. Y todos los partidos con representación en el Senado en el último año de mandato de Felipe González han pedido la creación de una autoridad capaz de poner orden en el mapa audiovisual. Quiere decirse que, al menos, hay una demanda política de esa institución. Alguna necesidad social, también. El mapa de la radio y la televisión se distingue por el incumplimiento general de las limitaciones de potencia; por la existencia exuberante y desordenada de emisoras piratas; por la proliferación de emisoras de radio y televisión de propiedad municipal que nunca fueron autorizadas por el regulador estatal o autonómico, y cuya existencia se justifica en que el gobierno local las utiliza como incensario de corporaciones y aparato de propaganda, en perjuicio del gasto y las inversiones de interés público. Ahora bien: la existencia de esas irregularidades sólo demuestra la falta de valentía del Gobierno, que tiene miedo a imponer la ley, por si le acusan de autoritario. Da igual que gobierne Felipe González, José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero: todos prometieron poner orden, y todos han caído en la desidia. Si el gobierno actual tiene decidido crear un Consejo con esos fines de guardia de tráfico de las ondas, es que ha renunciado a ejercer directamente la autoridad que le corresponde como regulador, y delega en otra institución de nuevo cuño que le sacará las castañas del fuego. Aún así, no tendríamos nada que objetar si tal Consejo Audiovisual se limitara a esos aspectos técnicos, como en otros países. Lo que sucede es que ese Consejo podrá controlar contenidos, y eso es una aberración y un paso atrás en la libertad. Decíamos hace dos días que hay que rebelarse contra eso en Cataluña, y ahora hay que hacerlo en el conjunto de España. ¿Quién es nadie para decretar que un comunicador no puede opinar sobre una información que transmite? ¿Quién decide sobre la veracidad de una información, cuando afecta al poder? ¿Quién juzga si se atenta contra la intimidad o el honor? Eso, en un Estado de Derecho, lo hacen los jueces. La Justicia es la gran garantía de la libertad. Si se crea un órgano intermedio entre la información y la Justicia, se están creando un freno a la libertad, una espada sobre la cabeza del informador, una mordaza. Si se permite que un órgano ajeno a la Justicia y a las asociaciones representativas de empresarios y periodistas actúe como controlador de contenidos, ¿saben cómo se llama eso? Claro que lo saben: se llama censura. O, por lo menos, intervencionismo.