La depuración de las aguas residuales en nuestros pueblos

DESPUÉS de casi diez años de aplicación de la directiva sobre tratamiento de aguas residuales puede decirse que casi todos los grandes núcleos urbanos de nuestro país ya tienen una depuradora, o al menos están a punto de tenerla. Conviene mencionar sin embargo, que los países de la Europa húmeda ya llevaban décadas acostumbrados al tratamiento de sus aguas, a una aceptable diversidad de sistemas utilizados, y a pagar por lo que contaminan. En comparación con estos países, para los que la aplicación de dicha legislación no supuso más que un reajuste de lo ya existente, en los países mediterráneos hemos pasado, casi directamente, de regar cultivos con las aguas de albañal a la construcción de costosas depuradoras urbanas. Estos elevados costes, que están llevando a la quiebra a las entidades de saneamiento de algunas Autonomías, podrían haberse reducido, al menos en parte, si se hubiesen adoptado otros criterios de vertido menos exigentes, e igualmente aceptables por la legislación. Pese a ello, y con mejor o peor fortuna, puede decirse que el problema está prácticamente resuelto en los medianos y grandes núcleos urbanos del país. Pero la situación que se plantea ahora en nuestra provincia es el «tratamiento adecuado», según dicha legislación, de casi un millar de pequeños núcleos de población cuya problemática presenta connotaciones muy diferentes a la de las ciudades. Los estudios realizados en los noventa por la Diputación Provincial, y recientemente revisados por la Universidad, pusieron en evidencia dos aspectos importantes del saneamiento rural en León. En primer lugar que la mayoría de las existentes y mal llamadas depuradoras (en realidad son simples pretratamientos), no funcionan. El segundo aspecto importante fue comprobar que, aunque con notable diferencia entre la montaña y la meseta, cada habitante de nuestros pueblos vierte, por término medio, unos 700 litros al día, frente a los cerca de 150 que serían esperables. El deterioro de las redes de saneamiento y su uso como vía de evacuación de antiguas fuentes o regueros, la ausencia total de mantenimiento de las instalaciones existentes, y la aplicación de sistemas inadecuados o mal diseñados, son las razones principales de esta lamentable situación. Solucionar estos problemas es teóricamente sencillo: hay que reducir la cantidad y contaminación de los vertidos, tratarlos de la forma más barata posible, ayudar a los ayuntamientos en la gestión y mantenimiento de sus depuradoras, y pagar por el tratamiento de los vertidos. Sin embargo, esta aparente sencillez de planteamientos contrasta con la realidad respecto a la actitud social y, en consecuencia, con las soluciones políticas y técnicas que se adoptan. En primer lugar, reparar los colectores para reducir la entrada de aguas limpias es frecuentemente obviado, ya que su coste suele ser muy superior al de construcción de la depuradora. El resultado es que las depuradoras siguen dimensionándose como si nada raro ocurriera en las alcantarillas, o como si la solución fuese a llegar con prontitud. La primera medida, evidente para cualquier técnico, es corregir dichas infiltraciones, al menos hasta un nivel aceptable para que no encarezcan la construcción y mantenimiento posterior de la depuradora. En cuanto a los sistemas a utilizar, cabe decir que la historia del saneamiento rural en nuestro país está inundada de fracasos. Se han construido, y aún sigue haciéndose, soluciones totalmente inadecuadas para la capacidad de gestión y mantenimiento de los pequeños municipios, equivocaciones que se evidencian en cuanto llega el primer recibo eléctrico de la depuradora. Si el ayuntamiento de un pueblo, además de no tener personal preparado, tiene que decidir entre gastar sus fondos en pagar la electricidad de la depuradora o en la fiesta del pueblo, la decisión esta clara. En la selección de sistemas de tratamiento las entidades rurales han sufrido además los perniciosos efectos de cómodas tendencias unificadoras (el mismo sistema de tratamiento, incluso el mismo proyecto, para muchos pueblos), de «sabios»consejos por pretendidos expertos en la materia, o de soluciones aparentemente milagrosas por algunas empresas del sector. El que un sistema se ponga de moda no quiere decir, ni que sea el mejor, ya que todos tienen importantes inconvenientes, ni que haya que imponerlo en todos los pueblos para así repetir, otra vez, los fracasados planteamientos del pasado. El resultado final es que los ayuntamientos tienen que hacerse cargo de depuradoras que no entienden, que les cuesta mantener, y que no sienten como suyas. En este sentido, las diputaciones deberían asesorar a los ayuntamientos sobre la gran diversidad de soluciones técnicas realmente disponibles, e integrarlos plenamente en el proceso de decisión, dando clara prioridad a los costes de mantenimiento frente a los de construcción. En cuanto al mantenimiento de la instalación, está comprobado que la creación de servicios comarcales o regionales es el método de gestión más eficaz en las zonas rurales. Ahora bien, independientemente del modo de gestión que se elija, y aceptando que se hayan resuelto los aspectos anteriormente citados, el último problema que quedaría por resolver es el de conseguir financiar dichos servicios. Llegamos aquí al auténtico meollo de la cuestión y del que depende que la depuradora finalmente funcione, pagar por el agua que usamos y contaminamos. En el caso de los residuos urbanos parece que estamos algo más concienciados, ya que es evidente que necesitamos pagar para que nos recojan la basura, pero ¿cómo va a pagar un ciudadano por los costes del tratamiento de sus aguas residuales si en muchos casos aún no paga los de su propio consumo?, ¿cómo va a pagar los costes de un servicio una población para la que el tratamiento de sus aguas residuales no se ve en absoluto como una necesidad?. Nadie duda en limpiar su casa para mantenerla saneada, pero este razonamiento desaparece cuando hablamos del tratamiento de nuestros residuos y vertidos para limpiar la gran casa en la que todos vivimos. Los niveles de contaminación de nuestros ríos han aumentado alarmantemente, y sabemos que el agua que bebemos, y con la que se riegan las verduras que consumimos, puede transportar organismos y sustancias procedentes de nuestras excreciones e industrias (medicamentos, hormonas, etcétera), con efectos a corto y largo plazo sobre la salud. La educación ambiental debe acompañar a las medidas de tratamiento y gestión de los vertidos, con el fin de explicar a los ayuntamientos y usuarios que no se depura para el pueblo aguas abajo, sino para el nuestro propio, y que debemos pagar por ello, pero también para aprender a exigir, como usuarios, que dicho tratamiento sea lo más económico y eficaz posible.