El derecho de participación ciudadana

EL INEFABLE Pepiño Blanco, número dos del PSOE, personaje con el que compartí escaño durante varias legislaturas en el viejo caserón de la Plaza de la Marina Española, sede del Senado del reino de España, y el inquietante personaje que a mí me parece que es Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del Gobierno del PSOE en el Congreso de los Diputados en la actualidad y durante los Gobiernos de Felipe González en los que e destaparon los GAL y todo tipo de corrupciones, ante el revuelo provocado en las filas gubernamentales por el anuncio y puesta en marcha por el PP de un referéndum sobre la forma de Estado, están empecinados en afirmar que dicha petición es inconstitucional, amén de proferir toda suerte de insultos y descalificaciones, como ya viene siendo su costumbre, a los que osan proponer según ellos, semejante «disparate» que no cometería ni un alumno de primero de bachiller. Supongo que es un cabreo originado por el acierto que ha tenido Mariano Rajoy con esta iniciativa. Me explicaré. En mi opinión, la propuesta no sólo es legal y legítima, que lo es, sino que además es plenamente constitucional, ya que nuestra Carta Magna, en sus artículos 28 y 29, reconoce a los ciudadanos el derecho de participación en los asuntos públicos, bien directamente, bien a través de sus representantes, o bien a través del derecho de petición individual o colectivo, regulado en el artículo 87.3 Está claro, pues, al menos a mi modo de ver, que la iniciativa popular, como forma de participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad del Estado, habilita a estos para influir en el proceso de decisiones adoptadas por los poderes públicos, sin necesidad de mediaciones, permitiendo que 500.000 ciudadanos puedan impulsar procedimientos legislativos, gozando por lo tanto de este derecho fundamental, con la protección y el amparo del Tribunal Constitucional, si bien es cierto que con los límites de las leyes orgánicas, las tributarias, las de carácter internacional o la prerrogativa de gracia que se establecen en la Ley Orgánica de Iniciativa Popular. Pero no es menos cierto que ninguna de estas cosas son las que pide el señor Rajoy. Ya sabemos que los estatutos de autonomía son aprobados mediante una Ley Orgánica. Lo que el PP pretende con su iniciativa, que le queda muy claro a Pepino Blanco y a don Alfredo, no es otra cosa que presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados, para su toma en consideración, una «proposición no de Ley», avalada por todas las firmas que resulten recogidas, pidiendo al Gobierno que someta el texto a un referéndum consultivo, tal y como establece el art. 92 de la aún vigente Constitución, que otorga al presidente del Gobierno la facultad de proponerlo y a su majestad el Rey convocarlo con la autorización del Parlamento. ¿No dice hasta la extenuación, con la sonrisa en los labios y su habitual talante, nuestro paisano José Luis Rodríguez Zapatero, que él propugna una democracia deliberativa, participativa y avanzada? Si es así, ¿por qué se niega y manda a sus arietes a que embistan, insulten y desprestigien al Partido Popular por hacer esta propuesta? A mí al menos, y yo creo que a otros muchos, nos entran serias dudas de la sinceridad de sus declaraciones, y cabe que pensemos que su negativa a la consulta popular obedece al temor a tener un resultado adverso, con el consiguiente cabreo, puesto que puede quedar meridianamente claro que el hecho de la negativa a la propuesta de Mariano Rajoy dejará en evidencia el concepto poco transparente y en realidad nada progresista que estos señores tienen de la democracia, ya que todos vamos a poder comprobar quién quiere y quién no quiere que se consulte al pueblo, que como se demuestra en las últimas encuestas, quiere opinar sobre algo que presiente y no sin razón, que puede cambiar las normas que rigen nuestra convivencia, como son, nación, financiación, soberanía, privilegios y que, por si fuera poco, son fruto de unos acuerdos, mejor chalaneos políticos del Gobierno, llevados con secretismo, ya que al día de la fecha, no tenemos más que noticias indirectas sobre el mismo, realizados al margen de todos los partidos del arco parlamentario, excepción hecha de CIU, lo que ha provocado un acceso de cuernos del señor Carod-Rovira, es decir cambio de cromos y aliados y que van a convertir el trámite parlamentario sobre el Estatuto de Cataluña, en eso, en un puro trámite. Y, por si todo esto no fuera bastante, este Gobierno no quiere oír un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el nuevo Estatuto de Cataluña porque dice que no lo ha solicitado y califica todo un dictamen del Consejo de Estado que él mismo ha solicitado, como «reflexiones no vinculantes», es decir, de blindar las competencias del Estado frente a la voracidad de las comunidades autónomas, o la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad nada de nada de nada. Este Gobierno hace lo que las viudas: pide consejo y luego hace lo que le da la real gana. Además, ni siquiera han tomado en serio la oferta del Partido Popular, realizada al hilo del citado dictamen, para paralizar las reformas estatutarias y negociarlas,a la vez que las otras previstas reformas constitucionales. Queda claro, a mi entender, que la suerte está echada. Que dios pille confesada a España.