Aquel 28-F andaluz

EL AÑO 1980 empezó mal para la UCD, una coalición de partidos unificados por Adolfo Suárez y al frente de la cual se presentó a las primeras elecciones democráticas, ganándolas. La responsabilidad del poder ante la puesta en marcha del Estado de las autonomías encogió el ánimo de algunos ministros «ucedeos», que veían con preocupación tal vez exagerada la aspiración de un territorio tan apacible como Andalucía a tener un estatuto de alto rango, comparable, por ejemplo, al de Cataluña. Y a uno de los entonces ministros, hoy en la presidencia de una multinacional francesa de la alimentación, se le ocurrió la pregunta a la que debían responder los andaluces en referéndum, el 28 de febrero de 1980, para decidir si querían un estatuto privilegiado o uno del montón. La pregunta parecía un jeroglífico, pero los electores supieron descifrarlo, ridiculizando los esfuerzos del Gobierno por convencer a los andaluces de que ese referéndum nada tenía que ver con ellos, aunque hubieran sido requeridos para votar en él. Ha desaparecido la UCD, que en aquel referéndum inició la cuenta atrás de su ocaso, y todavía no ha logrado la derecha andaluza tocar poder autonómico, limitada a disfrutar de importantes conquistas en el terreno municipal. Y ahora vuelve a plantearse en Andalucía un asunto estatutario, el de la reforma del aprobado hace veintiséis años, ante la que el PP regional no sabe si seguir las pautas marcadas desde Madrid o implicarse positivamente en el asunto para no correr los graves riesgos de la automarginación. El 28 de febrero viene siendo la fiesta nacional andaluza, aunque los andaluces no quieran ser nación. Se sienten una nacionalidad de primer rango, y están mirando de reojo la tramitación del estatuto catalán para no quedarse cortos en el suyo. Les interesa, como a todas las comunidades, el asunto de la financiación y de mayores competencias, obviamente, pero sin negarle al Estado presencia, incluso decisoria, en cuestiones de importancia para Andalucía. El nuevo estatuto andaluz va a proclamar el principio de lealtad recíproca entre el Estado y la comunidad. Al margen de su importancia como pieza más poblada del Estado autonómico, Andalucía es una gran caladero de votos en el que el PSOE ha pescado parte de sus mayorías absolutas. Y sin lograr ningún éxito en elecciones generales, el PP ha logrado, a notable distancia de los socialistas, un número apreciable de votos, dentro de una franja de máximos y mínimos. El caladero andaluz de votos da y quita poder, como también lo da, y todavía no lo quita, el caldero de escaños de Castilla y León, donde un diputado necesita menos votos que otro andaluz o catalán.