Marbella: el espectáculo de los partidos

CADA noticia que llega desde Marbella es más escandalosa. Se demuestra que el urbanismo en esa ciudad ha sido una auténtica práctica de latrocinio. Allí se cobraba por todo: por licencias y por burlar las licencias; por violar las normas de ordenación, por construir en espacios públicos y en lugares protegidos. Hasta se puso precio a la concesión de una grúa. El capital acumulado, especialmente por el cerebro de la trama, es espectacular, con el «mérito» añadido de haber sido acumulado en poco tiempo. No parece una propiedad privada. Parece el patrimonio de una multinacional. Lo que asombra no es sólo que se haya robado, porque hay ladrones de cuello blanco en todas partes. Lo asombroso es que se haya estado haciendo durante años; que se haya pedido dinero a tanta gente y tanta gente se haya prestado a esas prácticas; que muchos empresarios hayan recibido esa petición y otros hayan pagado, sin que nadie haya acudido al juzgado de guardia o la policía. Se nota que era la única forma de obtener algo y aún quedaba margen para el beneficio. Y lo que causa alarma social es la duda de si algo parecido ocurre en otros municipios, cualquiera que sea el nivel. ¿Y qué hacen los grandes partidos ante eso? No se ponen de acuerdo para eliminar esas prácticas, no. No se reúnen para ver cómo pueden atajarlas, no. Lo que han hecho en las últimas horas es meterse en una discusión que ayer casi hacía olvidar el latrocinio. Al PSOE y al Partido Popular les preocupa cómo hacerse con la alcaldía desmoronada entre ladrillazos, paquetes y sacas de euros y pelotazos sin control fiscal. El Partido Popular reclama elecciones parciales inmediatas, porque tiene encuestas que le anuncian victoria a fecha de hoy. El Partido Socialista quiere una gestora, seguramente por la razón electoral opuesta, y porque ese órgano le permitiría el control de la corporación provisional. Y miren: la ley es la ley, y dice dos cosas. Una, que si la nueva corporación puede estar constituida un año antes de las próximas elecciones (mayo de 2.007), hay que celebrar esos comicios, guste o no guste a los socialistas. Y dos: que, si la corporación se constituye cuando falta menos de un año, hay que crear esa comisión gestora, guste o no guste a los populares. No es un tema de discusión. Es un asunto de calendario. Háganse los cálculos, sin forzar nada. Súmense los días consumidos en disolución, papel del Senado, convocatoria de urnas, campaña electoral, día de reflexión y periodo de transición para recursos, y se sabrá lo que hay que hacer. No hace falta nada más. Todo lo que se salga de la previsión legal será lo que parece: poca inquietud por limpiar, y mucha maniobra para hacerse pronto con el poder.