La calle vence a las urnas

LA MAYORÍA política francesa de centro-derecha ha claudicado en su intento de flexibilizar el mercado laboral, pese a disponer de una holgada posición parlamentaria y a pertenecer a ella el propio presidente de la República. Desde hace años, Francia acumula un creciente déficit público a consecuencia de la rigidez de sus estructuras económicas, a la caída de su productividad, a la incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos de la globalización. Y ello a pesar (o como consecuencia) de su resistencia, algunos pensamos que suicida, a abrir sus mercados, a privatizar su sector público, a someterse al imperio estimulante de la competencia. El contrato de primer empleo (CPE), un inteligente instrumento para la inserción laboral de los jóvenes que se basaba en la contratación estable aunque el empleador podía rescindir el vínculo sin dar explicaciones durante los primeros dos años, ha sido retirado. Y en su lugar, se adoptarán nuevos y onerosos sistemas de subvenciones: se otorgarán ayudas de hasta 400 euros al mes por empleado el primer año a las empresas que contraten jóvenes de entre 14 y 25 años provenientes de los «barrios sensibles» o con baja cualificación. Los primeros cálculos anuncian que esta intervención estatal costará 150 millones de euros en 2006 y el doble en 2007. Mucho dinero para un país estancado que lleva varios años sin poder cumplir el objetivo de déficit presupuestario fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero lo más grave de este asunto es probablemente la evidencia de que se ha producido un nuevo divorcio, uno más, entre la lógica representativa del régimen democrático y la voz espontánea e inorgánica de los franceses expresada en la calle. Las libertades de expresión y de manifestación sirven, todos lo sabemos, para hacer del proceso político una 'democracia continua' en que la opinión pública condiciona y matiza constantemente las evoluciones del poder, además de explicitar clara y rotundamente su voluntad en las urnas cada cierto período de tiempo. Pero el sistema se tambalea cuando las contradicciones entre las decisiones que adoptan las instituciones electas y la voluntad de la calle se vuelven constantes. En este caso, hay que pensar que el modelo comienza a degradarse y que la democracia indirecta o representativa no cumple cabalmente su papel, puesto que choca con los designios informales que emite la ciudadanía en sus manifestaciones convocadas por organizaciones intermedias e incluso en los plebiscitos con que el poder intenta legitimar sus decisiones más trascendentes (el caso de la Constitución Europea, defendida por todos los grandes partidos franceses y sin embargo derrotada por los ciudadanos).