Luis Grau y la República

Para que podamos vivir en sociedad, nos tenemos que dotar de unas normas, esas normas si queremos vivir en un estado de derecho, hay que cumplirlas y si las autoridades políticas no las cumplen, debe de ser el poder judicial el baluarte que defienda la ley, no dejando indefenso al ciudadano. El Plan General de Urbanismo de León se hizo; para que cada Gobierno Municipal o cada constructor no hiciese lo que le diera la gana en la ciudad, para ordenar el urbanismo, es una Ley y debe de exigirse su cumplimiento. El aparcamiento de la plaza de la Inmaculada es un capricho del señor Amilivia y de su Ayuntamiento que incumple el Plan General de urbanismo, como bien ha reconocido el Colegio de Arquitectos de León y la mayoría de los vecinos de este barrio. No podemos dejar que sean los constructores, los que dirijan el desarrollo urbano de la ciudad y por añadidura nuestras vidas. Vivimos en una sociedad en la que parecemos estar en una nueva ilustración, los gobernantes dicen que están haciendo maravillas para los ciudadanos; pero no se les consulta si están o no de acuerdo y no aceptan las críticas, utilizando el engaño, la mentira o la ocultación desde la Autoridad para manipular al ciudadano y a la opinión pública. Las únicas opciones que se les da, al ciudadano son: la algarada o votar cada cuatro años a un partido; no a unos candidatos en listas abiertas. Como Asociación de comerciantes, vecinos y profesionales de la plaza de la Inmaculada, manifestamos que el Ayuntamiento del señor Amilivia, en ningún momento consultó con los afectados o interesados por las obras del aparcamiento de la Inmaculada, sacando del archivo un proyecto de hace 20 años, ya rechazado por otros gobiernos municipales; para presentárnoslo como nuevo, algo maravilloso. Cuando fuimos al Ayuntamiento a pedir información y expresar nuestras dudas, sólo recibimos de la concejala doña María José Alonso y del arquitecto municipal don Miguel Martínez: «esto es lo que hay, es estupendo, es inmejorable, es inamovible y nos da igual lo que piensen ustedes y el resto de los leoneses». Contestando la señora concejala a la pregunta de con cuántas firmas de leoneses reconsideraría el proyecto, dijo: «ni con 40.000 ni con 100.000 firmas abandonaría mi proyecto». Asimismo ante los problemas que exponíamos por la realización del aparcamiento, el señor arquitecto municipal nos despejó todas las dudas sobre la desaparición del arbolado de la plaza nos dijo: «estos árboles están enfermos y producen muchas alergias son mejor otros autóctonos aunque sean más pequeños»; sobre el posible derrumbe de alguna casa limítrofe, por el entubamiento de las aguas subterráneas dijo: «si alguna casa se cayera sería por culpa de los dueños que no las han cuidado bien, no por las obras» «sobre los problemas de tráfico para la ciudad y todo tipo de molestias para los vecinos dijo: «es inevitable, el progreso es así». Yo le pregunto ahora señor alcalde por qué no ha tramitado la necesaria licencia ambiental, por qué se viola el Plan General de Urbanismo y el Estado de Derecho luchando contra el futuro de León al ir en contra de la Agenda 21. Le reto a un debate público donde quiera. Ramiro Gutiérrez Fernández (Presidente de la Asociación de comerciantes plaza de la Inmaculada). El Pap a ha de dicado un comunicado a los políticos cristianos que «denuncien las actitudes laicistas que se dan hoy en la sociedad bajo la apariencia de laicidad». «Los políticos y los legisladores han de confeccionar políticas y formular leyes que no prescindan ni se opongan a estos principios éticos» ha dicho el Papa. Pienso que no es legítimo invocar la tolerancia con los simios y impedir a los cristianos actuar como tales en el espacio público de la sociedad. El «deber» de los políticos católicos de promover la familia, basada en un matrimonio entre personas de diferente sexo, el respeto por los derechos del embrión humano, el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos y la enseñanza religiosa. El obispo ha destacado también que dicha política «no puede quedar al margen de las exigencias éticas», por lo que «hay que evitar que tenga como norma suprema los resultados de las encuestas y de las investigaciones sociológicas». Y es que no hay duda en que hay unos principios morales objetivos y absolutos que se fundamentan en la dignidad, la intangibilidad y en la libertad de la persona humana y la salvaguarda de las exigencias éticas fundamentales para el bien común de la sociedad, que no podemos olvidar los ciudadanos ni los políticos, sean o no cristianos. Alberto Méndez ( León)