Diario de León
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FEDERICO ABASCAL
León

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FI EL A SU CITA con el verano, el fuego ha acudido nuevamente a los bosques exuberantes de Galicia y al monte bajo de Gerona, rico en pinares, como si quisiese carbonizar este año en unas horas las hectáreas arbóreas que había respetado en la primera mitad de la canícula. Avanzaba ayer el fuego hacia Pontevedra a lomos de bosques que habían atraído no sólo a los bomberos y a la Guardia Civil, sino también al Ejército, como siempre que el incendio alcanza el nivel de alerta 2. No hay suficientes helicópteros para echar agua a la vez en ochenta incendios, alguno de ellos con veinte focos iniciales y simétricamente dispersos, que señalan la mano del hombre, «de una delincuencia organizada», como los auténticos responsables. Y en Galicia ya han muerto tres personas, una de ellas «apagafuegos» voluntario de avanzada edad, al que otros voluntarios echaron de menos cuando ya lo habían calcinado las llamas. Cinco mil hectáreas quemadas sólo en Galicia desde que se inició hace tres días la siembre sospechosamente organizada ola de incendios, y más de mil hectáreas en Cataluña sin que en ninguna de las dos comunidades se haya controlado la situación, entre otras razones porque los bosques y bosquecillos son imposibles de vigilar, como se vigilan los jardines privados, y «el calor, el viento y la sequía» favorecen la siniestra labor de los pirómanos. Ayer se preguntaba a las autoridades las razones de tanto incendio intencionado cuando la ley penal castiga hasta con veinte años de cárcel al pirómano que ponga en peligro vidas humanas y la Ley de Montes prohíbe durante treinta años la recalificación de terrenos quemados, lo que aplaza notablemente la especulación sobre ellos. Pero intereses materiales sigue habiendo en las quemas de bosques y no sólo, ni mucho menos, para dedicar esos terrenos a la agrícolas o a pastos sino, sobre todo, porque siguen siendo piezas temporalmente pasivas de especulaciones urbanísticas al por mayor. Un bosque no recalificable en treinta años no por ello pierde todo su valor, pues algún valor tendrá siempre, mirando hacia el futuro, como miran los promotores urbanísticos que miden sus inopinadas fortunas por los metros de eslora de sus yates. La Guardia Civil ha enviado a Galicia miembros de la OCU, su unidad operativa de investigación, para que estudie sobre el terreno indicios y pruebas de culpabilidad. Porque estos incendios de todos los veranos -y obviamente los que repentinamente acaban de producirse- se consideran ya como terrorismo ambiental o ecológico, pero terrorismo, del que una autoridad gubernativa responsabilizaba ayer a alguna «mafia organizada» o «delincuencia organizada». No admiten las autoridades dudas serias sobre la intencionalidad de los incendios, sobre la mano del hombre -aunque alguna vez sea involuntario su daño- en estas catástrofes que nos empobrecen a todos, incluidos los hijos de quienes prenden los fuegos, por lo que es de esperar que tanto la OCU como el resto de los especialistas policiales logren desactivar un terrorismo ecológic o que produce un daño comparable al de una catástrofe natural.

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