Ocurrió en España

LA INFORMACIÓN de la expulsión de tres de las seis inmigrantes que habían denunciado abusos sexuales de diversa índole por parte de policías nacionales en el centro de internamiento de extranjeros de Málaga no puede ser peor noticia en el medio de un agosto horribilis. No se trata de un problema de creer a unos -policías- o a otros -inmigrantes-, por más que, y no es bueno ocultarlo, las informaciones que se conocen a través de los medios de comunicación indican que algo huele a podrido en Málaga. Urge una investigación que esclarezca lo sucedido, pues de los hechos puede desprenderse una muy grave obstrucción a la justicia, al ser perfectamente posible, o al menos lo parece, que una o unas manos negras hayan querido hacer desaparecer las pruebas que representarían los testimonios orales de las mujeres expulsadas. Y contra lo que alguien quiera creer, el asunto no concierne sólo a las partes implicadas. Su carácter público deviene de que los presuntos hechos ocurridos, abusar sexualmente de mujeres inmigrantes internadas, a disposición de la autoridad, especialmente vulnerables, aparece como cometido por algunos de los funcionarios encargados de su custodia. De ser verdad, no sólo es imprescindible la condena a los autores, sino también el establecimiento de una reparación a las víctimas, de la que responde la Administración por ser funcionarios en el ejercicio de sus quehaceres. Sea cual sea la causa, es cuestión de dignidad que a las mujeres denunciantes se les debe revocar la medida y posibilitar su vuelta a nuestro país. Un hecho tan alevoso como la expulsión de alguien que denuncia atroces conductas por parte de funcionarios públicos no puede ser una noticia que caiga en lo irreversible. Es exigencia democrática que esas mujeres puedan volver y defender sus afirmaciones en un juicio público. Todos estamos interesados. Que vuelvan sería un rayo de claridad en un agosto de humos y una oportunidad de afirmar que vivimos en una sociedad que puede equivocarse pero está dispuesta a rectificar.