El fútbol goza de bula mediático-política

ES UN HECHO objetivo que el mundo del fútbol ha vivido siempre por encima de sus posibilidades. La deuda que generaron los clubes propició un plan de saneamiento que permitió condonar parte de sus deudas así como aplazar otras con cargo a los ingresos generados por las quinielas y que desembocó en la promulgación de una ley estatal del deporte, en el año 1990, que obligaba a los clubes de las ligas profesionales a transformase en sociedades anónimas deportivas. Dicha premisa nació con una evidente carencia debido a un peaje de cariz político. El partido que formaba gobierno lo hacía con el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes. Ni Barça ni Athletic de Bilbao querían pasar por la humillación de convertirse en S.A.D. Por supuesto, el todopoderoso Real Madrid no iba a someterse a un requisito que liberaba a sus antagonistas barceloneses y, en consecuencia, hubo de argüirse una solución que validase tal desatino. Sirvió para ello el ejemplo de tener en cuenta los resultados económicos positivos de los últimos ejercicios, lo cual, además de a los tres clubes anteriores, cogió de rondón a otro histórico como el Osasuna. El caso es que la necesaria renovación nació viciada porque se permitía distinto uniforme para miembros del mismo batallón. Queriendo aplicar rigor a la normativa sobre las S.A.D., en el año 1995 la Liga de Fútbol acordó excluir al Celta y al Sevilla por no presentar la preceptiva documentación relativa a los avales exigidos. Se produjo tal conmoción social y política que hubo que amañar otra patraña y ampliar la liga a 22 equipos, perdonando así a los infractores. Lo más grave fue comprobar que incumplir la norma resultaba impune. Participé de manera activa en la administración judicial decretada sobre el Atlético de Madrid, S.A.D. Todos los medios generalistas entendieron necesaria la adopción de tal medida. Sin embargo, los deportivos adoptaron, con honrosas excepciones, una postura beligerante contra aquélla. La presión fue tal que el juez encargado del caso levantó la medida en cuatro meses. Otras medidas de administración judicial en las que intervengo, decretadas igualmente por la Audiencia Nacional y vinculadas a empresas de narcotraficantes, siguen vigentes después de doce años. La sociedad en general las acepta y comprende. Nadie las cuestiona. Un socio de una S.A.D. no espera ningún beneficio económico. Todo vale si su equipo gana y si, por ejemplo, su presidente dispone para sí un sueldo multimillonario, ni lo cuestiona. Si la entidad a la que pertenece tiene una mala gestión o resultados económicos negativos, ¿a quién perjudica? Los principales afectados son normalmente Hacienda o la Seguridad Social; ¿a quién le importa? Esta es la realidad del fútbol, esta es nuestra sociedad. El fútbol es hoy el opio del pueblo, el pan y circo romano. La foto para un político o la presencia para un empresario en un palco de un equipo de Primera División le reporta más satisfacción y más réditos que cualquier mitin o gestión comercial. Los intereses son tantos que enfrentarse a esa maquinaria está abocado al fracaso, al descrédito y no es nada popular. Pero, en todo caso, debe propiciar una profunda reflexión y un exhaustivo análisis.