Rebeldía banal Transparencia

LA POLICÍA LOCAL ha pedido la colaboración ciudadana de los leoneses para terminar con las pintadas de los graffiteros.  Los primeros que deberían colaborar son los padres de los  autores, aunque dado que desde algunas instituciones se les denomina artistas urbanos, se comprende que las familias estén un tanto confusas y no sepan ya si tienen en casa a un picassín o a un gamberro. Ofrecerles muros para que se expresen es bienintencionado, pero es desconocer que la clave de este lenguaje está  tanto el anonimato relativo (se firma con pseudónimo y con nocturnidad) como en que debe ser plasmado en la calle o  un espacio cuya contemplación sea obligada. La mayoría de las veces son meras macarradas caligráficas, que no deberían pasar de ilustrar la carpeta del instituto. Un rebeldía banal, que nada  tiene que ver,  pese al parentesco lejano, con  los redaños de quienes en una dictadura se atrevían a hacer una pintadas denuncia ,con la genialidad del «Seamos realistas, pidamos lo imposible». O con los clásicos gritos de amor plasmados en tiza. Al graffiti lo ubico en el ámbito del tatuaje; muy llamativos, ahí están los yakuza, pero que se los hagan ellos y en su propio cuerpo. Deben pagar los  costes de la limpieza de sus obras, aunque,  tal como está el patio de  lo artístico,  lo mismo piden cobrar derechos de autor. En fin, nada que ver con la noble pintura mural, heredera de una tradición milenaria, ni con el llamado  arte público. Son gamberradas, en unos tiempos en los que todo puede ser cultura, o por lo menos merecedor de una subvención pública. Al que pillen, que  borre su maravilla y luego  sea condenado a  un  leerse libro de arte. Pero el de Coto Matamoros no vale. LOS SOCIALISTAS canarios pretenden que el presidente de aquella comunidad haga una comparecencia parlamentaria para hablar de inmigración. Doy por hecho que miles y miles de españoles tenemos el mismo deseo, pero en otro escenario: que Zapatero explique con todo lujo de detalles no ya su política inmigratoria, que también, sino la propia radiografía actualizada del problema. Datos como los 18.000 indocumentados arribados a las Canarias en lo que va de año, o la circunstancia de que por vez primera la Seguridad Social haya tenido un tropezón en la hasta ahora creciente afiliación de inmigrantes, inquietan tanto por los hechos en sí mismos como por un contexto que la ciudadanía desconoce. ¿Es cierto que un porcentaje elevadísimo de los llegados en patera o cayuco no han sido reenviados a sus países y no hay indicios de que a corto plazo se pueda repatriar a un buen número de ellos? Hay innumerables versiones sobre una inmigración que no entra masivamente por el mar, sino por nuestros aeropuertos y aun por nuestras fronteras terrestres. Incluso se ha prodigado la especie de que en los últimos tiempos no se controla la llegada de indocumentados por determinadas vías férreas. Si, como parece evidente, el ciudadano sin papeles no puede trabajar en España, ¿cuántas infracciones se han localizado últimamente por ocupar a personas en esas condiciones, y en cuántos supuestos ha habido explotación de los afectados? ¿Cuántos indocumentados son abandonados a su suerte una vez que se agotan los plazos de estancia en los centros de acogida? Deberíamos conocer también las previsiones políticas si la presión inmigratoria se mantiene y no mejora la colaboración europea y de los países de procedencia.