Filantropía y política

NO DEJARÍA de resultar significativo que el único aspecto objeto de polémica de un problema que Anxo Guerreiro calificaba, con toda justicia, en estas páginas como el más serio desafío que hoy tenemos en España -el de la inmigración- fuera el de si los inmigrantes deben o no votar en las municipales del año 2007. Y no dejaría de serlo, por más que demostraría lo que todo el mundo sabe ya: que la voracidad electoral de los partidos es ilimitada, como lo es también su voluntad de disfrazar los intereses partidistas con el piadoso ropaje de la filantropía democrática. ¿Deben votar en municipales los inmigrantes no comunitarios asentados en España legalmente y que tienen aquí su residencia habitual? No es difícil contestar que sí a esa pregunta, como no lo es tampoco matizar, de inmediato, tal repuesta positiva con algunas elementales precisiones. La primera se le ocurriría a cualquiera que se acerque al asunto sin la urgencia de sacar tajada electoral. La concesión de voto municipal a los extranjeros no comunitarios debería sujetarse a un plazo mínimo de residencia permanente y al cumplimiento de algún requisito obvio para poder participar en condiciones aceptables de igualdad en el proceso electoral: la de tener un conocimiento elemental del castellano parece imprescindible, pues malamente podrán informarse para votar con libertad quienes carecen del instrumento indispensable para ello: el manejo de la lengua. Pero de todos modos, fijadas las condiciones que, llegado el caso, se estimen pertinentes, constituiría un grave error adoptar esa medida sin el consenso de los principales partidos. La legislación electoral no es una legislación cualquiera, sino la que fija algunas de las reglas básicas del juego democrático y su alteración no puede producirse como un trágala. Por eso, lo más prudente sería abrir, cuando toque -no ahora, con los inmigrantes entrando por miles en España y deambulando como pobres fantasmas por nuestros pueblos y ciudades- un debate racional y desapasionado sobre cómo y en qué momento debe producirse la integración en el censo electoral (local) de los inmigrantes no comunitarios. Hacerlo así a la brava, a unos meses de celebrarse los comicios locales, cuando el Gobierno del país que propone la medida acaba de beneficiar mediante una generosa regularización a cientos de miles de inmigrantes que se concentran además en ciudades que se le resisten electoralmente al partido que sostiene a ese Gobierno (Madrid o Valencia, por ejemplo) constituiría un inaceptable oportunismo, que sin duda rompería uno de los consensos básicos de nuestro sistema democrático.