Unidos al pueblo cubano

AHORA que parece que comienza la transición democrática en Cuba, creo oportuno reflexionar sobre si ello también ha de conllevar una drástica modificación de toda la normativa referida a los derechos civiles de las personas en el ámbito privado. En un código civil se regulan parcelas de la vida de los ciudadanos que repercuten de forma muy directa en su entorno más inmediato, como la propiedad, la familia, las herencias, los contratos o la explotación de la tierra. El Código Civil cubano es fruto de la tradición del nuestro anterior a la independencia, y fue modificado muy posteriormente, en 1987, de acuerdo con la experiencia revolucionaria. Aparte está el Código de la Familia, en el cual se regula el régimen del matrimonio no formalizado respondiendo a un particular modo, muy flexible, de entender las relaciones de pareja. En todo caso, su material normativo, la terminología y las instituciones siguen siendo muy similares a las del Código Civil español de 1889, con el añadido de una Parte General en buena medida sustentada en la abstracción de las reglas jurídicas especiales del nuestro, lo cual conlleva una buena capacidad de adaptación a realidades diferentes de las del tiempo de su promulgación. El ideario revolucionario ha impuesto modelos de conducta que se modalizan en el sentido socialista clásico, preconizando la imposición de consecuencias ineludibles sobre diversas maneras de proceder en el tráfico jurídico privado que, en el futuro, habrá que adaptar, superando la inicial atribución. Es indudable la necesidad de elecciones libres en la República cubana con concurrencia de diferentes partidos en el ámbito político, división de poderes, libertad de opinión. Los españoles tenemos una gran oportunidad que no se puede desperdiciar. Porque es mucho lo que nos une con el pueblo cubano. Incluido el Código Civil. Y éste contiene, siguiendo nuestra común tradición, el derecho de la persona en sí misma considerada. Lo que no es poco de partida. Para colaborar en el futuro. Y hasta ofrecer nuestro modelo constitucional de transición a la democracia.