Estado de derecho

¿POR QUÉ el 90% de los municipios españoles no aprueban sus presupuestos en plazo? ¿Qué ventajas políticas o económicas proporciona este comportamiento? ¿Qué inconvenientes genera? ¿Por qué la oposición no critica y denuncia los hechos? ¿Qué explicaciones dan los gobiernos respectivos? ¿Por qué esta anomalía política y jurídica no existe en otras administraciones, excepto en casos justificados? ¿Se sancionan estos incumplimientos relevantes y reiterados? Son preguntas elementales que merecerían una respuesta. ¿Por qué numerosos municipios de este país se comportan como si no comprendieran los beneficios sociales del urbanismo? ¿Por qué son crecientes las objeciones y reparos de la Administración autonómica a la hora de aprobar los planes generales? ¿Por qué no existen patrimonios municipales del suelo cuando son una exigencia legal? ¿Por qué los municipios no informan sobre las infracciones urbanísticas y sobre su ejecución? ¿Por qué no se realizan liquidaciones definitivas del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, como exige la ley? ¿Por qué escasean los arquitectos funcionarios con dedicación exclusiva en los servicios municipales de urbanismo? La utilidad de las respuestas parece incuestionable. ¿Por qué las administraciones públicas fraccionan los contratos e impiden así el cumplimiento de los principios de igualdad, concurrencia y publicidad? ¿Por qué incomoda la libre competencia? ¿Por qué se abusa del contrato menor y del procedimiento negociado sin publicidad? ¿Por qué algunos municipios son reacios a constituir el preceptivo registro público de contratos? ¿Por qué la oposición desconoce el objeto y la cuantía de cada contrato, el procedimiento de adjudicación, las ofertas presentadas y que empresa es la beneficiaria? ¿Por qué la oposición no analiza, en la comisión respectiva, los expedientes de contratación más conflictivos cuando se rinden las cuentas? Estas preguntas tiene respuestas que también ayudarían al interés general. ¿Por qué las subvenciones se otorgan con tantas deficiencias e incumplimientos legales? ¿Por qué no se respetan los principios de publicidad, concurrencia y objetividad? ¿Por qué se abusa de la subvención nominativa sin justificar? ¿Por qué la autoridad no exige el reintegro cuando la subvención no se justifica en tiempo y forma? ¿Por qué la oposición desconoce cuántas subvenciones y convenios se formalizan en el ejercicio? ¿Para cuándo un registro público de subvenciones? ¿Por qué no se analizan los expedientes más controvertidos cuando se rinden las cuentas? ¿Por qué en este singular y contrastado reino de la subvención abunda la chapuza, el descaro, la indiferencia? ¿Se puede construir así un Estado de derecho solvente? Pregunto.