Política contaminante

LA DEPENDENCIA directa de los partidos políticos que afecta a la mayoría de los miembros del Consejo del Poder Judicial resulta insoportable porque contamina el órgano de gobierno del tercer poder del Estado. Esto es lo que ha ocurrido una vez más al plantear un vocal designado a iniciativa del PP una denuncia contra Garzón en la que ha pedido a los servicios de Inspección que investiguen si el magistrado se extralimitó en sus funciones durante el interrogatorio a los tres peritos del ácido bórico que relacionaron ETA con el 11-M y que se derrumbaron a medida que arreciaban las preguntas del juez. El rifirrafe político y mediático en que una de las partes sostiene obstinadamente que los islamistas tuvieron un papel secundario el 11-M se ha contagiado a la cúspide de la Justicia.