Filantropía estatal

CUANDO en la Unión Europea se cuestiona seriamente al Estado benefactor, en España se le pone una cuarta pata al taburete de la filantropía estatal. A las patas de la Sanidad, la Educación y el sistema de Pensiones se le añade la Ley de Dependencia, que ayer salió del Congreso -aprobada por 295 votos frente a 15- hacia el Senado, de donde regresará al Congreso camino del BOE. Estas iniciativas no prosperarían en situaciones de depresión económica, pero el desahogo actual de nuestras cuentas públicas y el superávit que arrojan permite recordar el keynesismo social que vivió la Europa de los 60, cuando se creó el estado de bienestar. Por esta ley, que lleva adosado un compromiso económico del Tesoro público y previsiones sensatas sobre las aportaciones de comunidades autónomas, entidades locales y propios beneficiarios, se establece un derecho subjetivo de ciudadanía que parece arrancado a los sentimientos humanitarios de beneficencia, que nunca llegan a alcanzar sus fines, por escasez de medios. El nuevo derecho ciudadano afecta a un número muy alto de españoles, afectados en diverso grado por situaciones de dependencia, al no poder realizar por sí mismos las tareas que les permitirían no depender de nadie. La ley entrará en vigor el 1 de enero, acompañada de 400 millones de aportación estatal para los primeros gastos, que se invertirán en la ayuda de las doscientas mil personas más necesitadas de atención. La etapa de implantación de la ley se extenderá desde el 2007 al 2015, y en ese tiempo el Estado aportará 12.638 millones de euros, cerca de tres billones de las antiguaspesetas, para ir atendiendo, inicialmente, a las personas de gran dependencia y, después a las de dependencia severa y moderada. Como medida orientada a implicar al beneficiario en los gastos que exija su atención, se le exigirá que pague un 30% de los mismos, mientras pueda, pues en caso de imposibilidad el Estado o las corporaciones locales se harían cargo del total. La enorme mayoría con que ha sido aprobada en el Congreso esta ley, resalta el consenso alcanzado entre el PSOE y el PP, lo que no es nada frecuente en este momento de mutua inquina que ambos partidos atraviesan, por lo que conviene añadir que el apoyo popular ha sido «crítico» y en la esperanza de que el trámite del Senado admita algunas de sus enmiendas. Y si la votación mancomunada de populares y socialistas reavivaba el recuerdo de otras épocas, en las que los dos partidos mayoritarios coincidían en todo lo que beneficiaba al Estado, la diferencia entre los 295 votos de las dos fuerzas de implantación estatal, más IU y la izquierda periférica, y los 15 del espectro nacionalista CiU, PNV, EA, y Nafarroa Bai daba la impresión de que los nacionalismos representan en el juego político un papel muy superior al de la representación que ostentan.