El largo camino que le queda a la Ley de Dependencia

LA LEY de Dependencia se trata de la típica iniciativa legislativa filosóficamente imp ecable, pues ni el más cruel de los opositores al gobierno puede mostrar rechazo alguno. ¿Quién puede criticar una ley dirigida a proteger a las personas dependientes? No obstante, estas iniciativas pueden adolecer de defectos graves en su desarrollo que pueden lastrar en un futuro la solución del problema que tratan de resolver. Dejando de lado lo demagógico y lo políticamente correcto, las comisiones de sanidad de sanidad y servicios sociales del PP de León quieren manifestar que la ley es conveniente, positiva y coherente con los compromisos del Pacto de Toledo y las propuestas del PP, de ahí la colaboración y participación del PP con la aportación de 192 enmiendas, que supuso introducir 55 modificaciones. Ahora bien, lo importante de una ley para cumplir sus objetivos no es su contenido en sí, pues toda ley «en principio» es buena «per se», sino su desarrollo y por lo que esta empezando a ver en este sentido, nos parece que puede ser en el mejor de los casos, una ley endeble y en el peor de los escenarios un rotundo fracaso por las siguientes razones: 1.º Queda mal definido el sistema de evaluación del dependiente, por este motivo, aproximadamente un 50% de las personas calificadas en el grado 2 pueden quedar excluidas, lo que supone que 15000 castellanos y leoneses verán lesionados sus derechos. 2.º El uso partidista de la norma. Cuando ha sido una ley cuya elaboración han participado todos los partidos políticos. La verdadera intención del Gobierno Socialista no es el consenso, sino tener algo en primavera para utilizarlo en las elecciones autonómicas y municipales. 3.º La composición del consejo territorial impone mayoría de los miembros del gobierno, por lo que será lo que diga el ministro en contra del artículo 8 de esta ley que establece la mayoría de representación a las comunidades autónomas. De esta manera no será fácil acordar los criterios para determinar como se hace el reparto de fondos. Es fundamental dejar claro quien decide y con que baremos. Además, al tratarse de una competencia de las Comunidades Autónomas sino hay homogeneidad de criterios se puede provocar un éxodo de personas dependientes con las autonomías con más recursos y que haya ciudadanos de primera y de segunda. 4.º Más de 80% de las actuaciones que se prevén en la Ley de Dependencia se realizarán por los Ayuntamientos y Diputaciones que no tendrán recursos, ni competencias para desarrollar la ley. 5.º Escasez presupuestaria. Para empezar a aplicar la norma la dotación del Gobierno para toda España es de 400 millones de euros, a todas luces, insuficiente y para mantenerla en los próximos años, dada su aplicación progresiva, muchos miles de millones más y no esta nada claro de donde van a salir. Aunque cuando se plantee dicha situación ya habrán pasado las elecciones y el PSOE habrá sacado rédito político de esta ley. 6.º Una vez más, León sufre el incumplimiento de las promesas socialistas. Se anunció a bombo y platillo que el servicio de información se realizaría exclusivamente desde el Inteco y la realidad es que León comparte este servicio con Sevilla y Barcelona. 7.º No hay en la ley ni un solo rastro del Ministerio de Sanidad y de sus profesionales. Es preocupante la marginación de la parte sanitaria, cuando se calcula que harán falta 650.000 personas a tiempo completo, entre médicos de Atención Primaria, geriatras, psicólogos clínicos y ATS. Por ello, pensamos que la ley ha quedado huérfana al rechazarse las enmiendas impulsadas por el PP que implicaban en el proyecto al Ministerio de Sanidad. Es innegable que la ley de dependencia suscita grandes expectativas sociales y sería muy grave que los ciudadanos se sintieran defraudados, riesgo que se corre cuando se da prioridad a las estrategias coyunturales (elecciones) sobre la racionalidad económica (escasez presupuestaria) y la eficacia administrativa (consenso). Finalmente, el catálogo de servicios que ofrece la ley (servicios de prevención y promoción, tele asistencia, ayuda a domicilio, centros de día y atención residencial) ya se están prestando actualmente en León, con gran esfuerzo e incremento presupuestario. Sólo en prestaciones sociales básicas, aquí se excluyen Centros de Día y residencias, la aportación de la Junta de Castilla y León desde la gerencia de Servicios Sociales ha pasado de 7.325.000 euros en 2004 a 11.000.000 en 2006 sólo en León. Mientras que la aportación del Estado para toda la comunidad autónoma ha sido fija e inferior a 7.000.000 de euros en estos últimos años. Curiosamente, la Diputación de León, sin contar con los ayuntamientos de más de 20.0000 habitantes, sólo y exclusivamente para la ayuda a domicilio tiene un presupuesto de 7.000.000 de euros del que se benefician 2650 usuarios y da empleo a 600 trabajadores, fundamentalmente empleo femenino. Por todo ello, sería tremendo que dada la escasa dotación financiara del Estado la verdadera intención de la ley sea apropiarse de los méritos ajenos. El PP apoya esta ley pero exigimos que se desarrolle en condiciones y que no sea un mero instrumento partidista por parte del Gobierno de Zapatero.