Zapatero y la jibarización del Estatuto

¿QUIERE o no el presidente Zapatero que dimita Pérez Tremps, el magistrado recusado por el Tribunal Constitucional, para que no intervenga en el recurso del PP contra el Estatut de Cataluña? Tal vez quiera y no quiera, pero posiblemente prefiera no querer. El ciudadano español, por el hecho de serlo, ha llevado a cuestas durante siglos un problema moral, y nuestros escritores del siglo XVII dan fe de ello. Cuando la democracia lleva treinta años de rodaje, el ciudadano español ve tan reducido su problema moral, en lo que a la política del país se refiere, que ya es equiparable al del ciudadano francés o escandinavo, pues nadie le pide acción o le afea la inacción, y sólo se le exige que vote con la periodicidad reglamentada. Quienes tienen problemas morales en aumento, problemas políticos y éticos, son los políticos con responsabilidades de gobierno en cualquiera de las esferas administrativas. Un problema al que ahora se enfrenta Zapatero, y que en cierto modo puede considerarse sobrevenido, es el de la posible/probable «jibarización» del Estatuto de Cataluña por el Tribunal Constitucional. Se trata de un problema en tres versiones: institucional, política y partidista. El aspecto partidista del asunto es el del batacazo político de ZP, y del PSOE obviamente, si el Estatut se viera declarado inconstitucional en varios de sus puntos esenciales, como el de la financiación o el grado, modesto eso sí, de la relación de bilateralidad entre Cataluña y España. La versión política se refiere a cómo se arreglarían los destrozos causados en la supuesta imperfección constitucional del Estatut por el tribunal encargado de velar por la constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, cómo se adaptaría al mandato del TC un texto estatutario aprobado por dos órganos legislativos, el catalán y el español, y un referéndum al que una escasa participación ciudadana no le priva de dignidad. El más agudo es el problema institucional. Si nadie frena la inercia de que los jueces coincidan supuestamente en la interpretación de la ley con la voluntad o el interés del partido que los apadrina, como habría sucedido en alguna ocasión, la crisis institucional que ya está planteada se agravaría a un ritmo progresivamente acelerado. El modo de no frenar la inercia, que mantiene sin cubrir vacantes en las altas esferas judiciales, por falta de consenso entre PSOE y PP, sería que el magistrado Pérez Tremps dimitiera, y al haber sido apadrinado por el PSOE, que el Gobierno lo sustituyera por uno de ideología más bien afín al socialismo. En ese caso, en el Constitucional se reequilibrarían las tendencias y el empate presumible entre progresistas y conservadores dejaría el 'estatut' más o menos como está ahora. Pero... Zapatero parece más bien decidido a que funcionen las instituciones a pleno rendimiento por lo que estaría apreciando ahora, en la balanza de las hipótesis, qué destrozo sería menos negativo para el país y su armazón legislativa y judicial, si esa jibarización o la sustitución de un Pérez Tremps dimitido por un magistrado que dejara al 'estatut' más bien intacto, pero al Tribunal Constitucional con graves desperfectos en su prestigio residual.