Una querella criminal con ruido

EL PASADO miércoles, Carlos López Riesco era proclamado candidato a la alcaldía de Ponferrada, sin oposición y con unanimidad en su partido. El acto, que anuncia las elecciones municipales que se celebrarán el 27 de mayo, contó con la presencia de Juan Vicente Herrera e Isabel Carrasco, máximos dirigentes del PP en la comunidad y la provincia respectivamente. Herrera lo avalaba como el mejor alcalde para el futuro de la ciudad, al tiempo que alababa su positiva gestión en esta legislatura, pues en su opinión, han sido cuatro años de dinamismo, empuje y creación de riqueza. Isabel Carrasco, por su parte, no dudó ni un momento en que con Carlos al frente de la candidatura el PP ganará las elecciones municipales, pues es una persona querida de los ciudadanos por su buen hacer. Las protestas venían de fuera. El jueves un grupo de pequeños partidos sin representación en el ayuntamiento, entre ellos el MASS de Ángel Escuredo, escindido hace unos meses del PP y enemigo jurado de López Riesco, junto con alguna asociación de vecinos, presentaba una querella criminal contra el alcalde, como presidente del consejo de Pongesur, y contra los concejales Juan Elicio Fierro y Severino Alonso, consejeros de la citada empresa; también contra dos técnicos del ayuntamiento y Tarsicio Carballo, presidente del PRB, por la misma razón al haber sido en otro tiempo igualmente consejero. El motivo de la querella es la venta, según ellos ilegal, a UFC (del grupo Begar) de algunas parcelas edificables en La Rosaleda en el año 2002. Desde hace varios meses se rumorea por la ciudad la existencia de un dossier contra el alcalde, en relación con temas urbanísticos, que podían salir a la luz en la campaña electoral. Parecía una más de las denuncias que por corrupción urbanística vienen publicando El País y el grupo Prisa contra alcaldes del PP, como los de Andrax, Alhaurín el Grande o Mogán; mientras callan las de Ciempozuelos, Seseña o las de los numerosos municipios de Andalucía gobernados por el PSOE acusados por lo mismo. No ha sido así en este caso. Aquí, como hemos dicho, se ha hecho bajo la forma de una querella criminal contra el alcalde incoada por pequeños partidos como IU, PB, ACD y MASS, a la que un periódico provincial vinculado a un empresario de la construcción, y contrario a Begar y al alcalde, da suficiente publicidad estos días. De todos modos, no acabará aquí la cosa, al menos hasta mayo, cuando pasen las elecciones. El PSOE inteligentemente se ha desmarcado de la operación, que tiene pocos visos de prosperar, y porque se relaciona excesivamente con el tal empresario de la construcción, de cuyo juego connivente les viene acusando el PP sin ambages. Además, judicializar la política tiene frecuentemente unos costos electorales altos, que para los socialistas son bien conocidos a tenor de lo ocurrido hace cuatro años con la anterior candidata Charo Velasco. Creo que Ricardo González Saavedra, nuevo candidato del PSOE, ha estado acertado en ese distanciamiento. En todo caso, otros ya hacen el trabajo sucio, lo que sin duda pueden porque saben que nada tienen que perder. Sus posibilidades electorales son mínimas o ninguna. ¿Tendrán, por el contrario, una sentencia favorable en la querella? Es dudoso, y mucho menos planteada en términos de una querella criminal sobre hechos ocurridos hace cinco años. Meten ruido en una campaña electoral que se presenta no muy reñida pero sí muy sucia, como tendremos ocasión de comprobar en los próximos meses. La reciente aprobación del PGOU, con los votos del PP y con la oposición frontal del PSOE, estará en el centro de la polémica, especialmente por Pongesur y La Rosaleda. Aquélla porque para los socialistas se trata de una empresa municipal que especula con el suelo urbano y lo encarece al buscar exclusivamente recursos con los que financiar la política municipal; ésta porque tiene un excesivo volumen edificable y pocas zonas verdes. En todo caso, serán los electores quienes den o quiten razones en su momento. 1397124194