Salir de la ley y volver

LA IMAGEN de Pernando Barrena hablando de democracia y libertad recuerda a la de Augusto Pinochet proclamando su voluntad de defender en Chile el Estado de derecho. Libertad y democracia son palabras que sencillamente queman en la boca de quien lleva muchos años defendiendo que es legítimo asesinar a los que no piensan como él y a los que garantizan la libertad y seguridad de quienes persiguen objetivos diferentes de los suyos. Barrena, Otegi y toda su manada de canallas, carecen de cualquier autoridad para reclamar para su partido la libertad que su partido ha negado siempre en Euskadi a los no nacionalistas, perseguidos por ETA a sangre y fuego mientras Batasuna justificaba, protegía y alentaba a los de la goma 2 y las pistolas. Fue, de hecho, esa acción continuada de apoyo a ETA militar, y no sus reivindicaciones independentistas, la que determinó que un día el Estado democrático, en un acto de decencia, decidiera poner fin a la vergüenza que suponía la existencia de un partido que no era otra cosa que el brazo político de un grupo terrorista. Que la ilegalización de Batasuna supuso un acto democrático, además de constitucional, fue algo que pocos más que sus amigos discutieron. Más dudas hubo sobre la oportunidad de adoptar una medida que, se decía, podía hacer que fuera peor el remedio que la enfermedad. Sin embargo, y como pronto pudo comprobarse, tales temores estaban infundados. Batasuna fue ilegalizada y nada ocurrió en el País Vasco salvo que un partido que nunca debería haber estado dentro de la ley fue puesto fuera de la ley por el poder judicial del Estado democrático en aplicación de una ley plenamente constitucional. Como era de esperar, la ilegalización constituyó para Batasuna una catástrofe política, económica y social de tal envergadura que su objetivo desde el día en que quedó fuera de la ley no fue otro que el de volver a entrar en ella. Sólo entonces Batasuna empezó a considerar la necesidad de que ETA fuera haciendo mutis por el foro. Por eso, porque la ilegalización contribuyó como pocas cosas a la lucha contra ETA, sería ahora un error descomunal legalizar a Batasuna sin que se cumplan una de estas dos indispensables condiciones: o que e ETA se disuelva, o que Batasuna rompa con ETA de una forma clara e irreversible. Actuar de otro modo y permitir que Batasuna entre en el juego democrático con la esperanza de que tal decisión favorezca ese fantasmal proceso de paz en el que algunos siguen empeñados no sólo constituiría una violación flagrante de la ley. Constituiría, además, una irresponsabilidad inadmisible. Y una solemne estupidez.