Los montes, para sus dueños

En la provincia de León existen 956 Montes de Utilidad Pública pertenecientes a unas setecientas juntas vecinales, que se alarmaron al conocer que en el anteproyecto de la Ley de Montes, elaborado por la Junta de Castilla y León del Partido Popular, la toma de decisiones en la gestión de sus montes se veía todavía aún más disminuida que en la actualidad. Anteproyecto de Ley que cuenta con 128 artículos entre los que existe una definición poco acertada de lo que son los montes de utilidad pública y no aparece suficientemente regulada la intervención de la administración competente, que es la Junta de Castilla y León, en los montes privados. El Partido Socialista y una plataforma de juntas vecinales iniciaron una campaña de recogida de firmas en contra del citado anteproyecto y la presentación de mociones en los ayuntamientos, iniciativas que fueron mal recibidas por el Partido Popular. Tan mal recibidas, que en un artículo publicado por el Concejal del PP de Astorga, Julián García Fernández, se acusa a los socialistas de instrumentalizar a las juntas vecinales y a los ayuntamientos y lo que es mas grave de amedrentar a los -paisanos -para que firmen. También acusa al portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Astorga y a esta procuradora de desconocimiento de dicha ley, descalificándolos por asegurar que la Junta pretende gestionar los trabajos en los montes mediante un ente privado. Sin embargo, el día 26 de mayo de 2006, la prensa se hacía eco del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León por el que se aprobaba la puesta en marcha de una empresa, financiada con fondos públicos, para gestionar los trabajos en los montes. El Consejero de Medio Ambiente, señor Fernández Carriedo, argumentó su necesidad en base a que muchos municipios tienen dificultades para gestionar su riqueza forestal. Por lo tanto es el señor García Fernández el que no está bien informado. Un anteproyecto que no cuenta con el apoyo de las juntas vecinales, ni de los habitantes de los pueblos de nuestra comunidad, pues el día 9 de octubre fueron entregadas en la Delegación de la Junta 11.300 firmas, 415 escritos de particulares y 89 de juntas vecinales y ayuntamientos exigiendo su retirada y reclamando la negociación de uno nuevo. Dice en otra parte de su escrito el señor García que el artículo más polémico ha sido el número 2, donde se define el concepto de monte. Se sigue confundiendo: en los 128 artículos, diez disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, y una derogatoria existen muchos más problemas que esa definición. Permítanos antes de señalarle algunos, precisar de qué estamos hablando. Estamos hablando de una ley que va a regular el 51% de la superficie de Castilla y León, unas 3.300 entidades locales propietarias de montes públicos y 400.000 propietarios de montes privados, sin olvidar a las empresas y a los profesionales que mueven un negocio anual de unos de 1.600 millones de euros. En su título cuarto, este anteproyecto tan denostado trata del aprovechamiento y usos de los montes y no apuesta por la multifuncionalidad (socioeconómica y medioambiental), ni siquiera menciona a los diferentes profesionales que deben ocuparse de los montes, olvidando también el reconocimiento como policía judicial de los agentes medioambientales, lo que ya realiza la Ley Básica del Estado. No incorpora a los propietarios, ni a los agentes sociales, ni a las asociaciones defensoras de la naturaleza, tampoco a las universidades, ni a las organizaciones profesionales agrarias, ni a las asociaciones profesionales. La creación de un catalogo donde se recojan las normas para el uso recreativo y social de los montes, es algo que no encontramos en el articulado. Como tampoco aparece la definición de municipio forestal, ni se crea la figura del capataz forestal. No acometen en profundidad los cambios en la prevención, coordinación y sanción para luchar contra los incendios forestales. No hablan del Plan de Incendios Forestales ni de los, tantas veces prometidos, parques comárcales o forestales de extinción. No se recogen medidas para interrelacionar los montes con el desarrollo rural o para la conservación de especies y especimenes autóctonos, ni para la gestión comarcal de los montes. Todas estas razones han sido el motivo del fracaso del anteproyecto de ley de montes, fracaso que ha motivado que la Junta de Castilla y León, del PP, no se haya atrevido a presentarlo en las Cortes autonómicas, igual que ocurrió en la anterior legislatura. Las entidades locales están capacitadas para gestionar los montes de su propiedad lo cual por cierto, viene recogido en el real decreto 781/86, donde se reconoce su facultad para explotar los montes y realizar el servicio de conservación y fomento de los mismos, la repoblación forestal y la ordenación y mejora. Y no debemos olvidar el principio de subsidiariedad por el que la gestión de los bienes y servicios debe encomendarse a la Institución de menor rango con capacidad para hacerse cargo de ella. Castilla y León cuenta con un importante patrimonio natural que tendría que ser motor de desarrollo. Pero la realidad es que nuestros montes se están gestionando desde un constante desinterés, pues solo está ordenado el 20% de la superficie arbolada, la misma que en el siglo XIX y sin esta ordenación es imposible el desarrollo sostenible Y estamos hablando sobre todo del medio rural y de sus habitantes. Gentes que ven como sus hijos tienen que irse a otras tierras a buscar el pan que aquí se les niega. Hombres y mujeres que vivieron del monte, con el monte y para el monte. Lo cuidaban porque lo sentían algo suyo y él les respondía ofreciéndoles toda su riqueza. Por eso Soria y Burgos les parecen a ustedes, nos parece a todos, el modelo a seguir; modelo que no data de hace 100 años como usted, seguramente por desconocimiento, dice, sino que fue ideado por los habitantes de aquellas tierras allá por el año de 1250, cuando Fernando III el Santo otorgó la Carta Puebla que daba prioridad a los moradores de los pueblos y a su gestión y que posteriormente fue aprobado por las Cortes castellanas. Permítanos, señor concejal, transcribirle también las declaraciones de la Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de Soria con respecto al Anteproyecto que a usted tanto le gusta: «Se trata de un documento poco novedoso que se limita a desarrollar aspectos relacionados con los aprovechamientos y la explotación de los montes, olvidando los valores ecológicos, la diversidad biológica y la protección de los ecosistemas. Y es una enorme incongruencia que la ley estatal recoja la condición de policía judicial para los agentes forestales y medioambientales y sin embargo la futura Ley Autonómica no lo contemple». Y mire ya para finalizar decirle que existe otra forma de hacer política distinta a la descalificación, la crispación continua y la mentira sin escrúpulos, que es la que hace el Partido Popular, y que consiste en arrimar el hombro para hacer entre todos una sociedad mejor y en el caso que nos ocupa, una Ley de Montes capaz de crear empleo, fijar población y desarrollar el medio rural respetando el monte y a ¡todos! los que intervienen en su gestión.