Un año del Estatuto de Cataluña

ESTE 9 de agosto se cumplió el primer aniversario de la entrada en vigor del nuevo estatut, de la puesta en marcha de la interminable y poco afinada reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y, contra pronóstico, no son éstos momentos de gozo para la comunidad catalana. Más bien es hora de una desazonante frustración de la ciudadanía, perpleja al asistir al incómodo colapso de todos sus servicios públicos de transporte, al fracaso del suministro eléctrico, incluso a la congestión inefable de sus autopistas de peaje, sobrepasada con creces y hace tiempo su capacidad. Todo ello suscita algunas consideraciones: Una: La evidencia de lo que está aconteciendo demuestra que tenían razón -y así hay que reconocerlo paladinamente- quienes se lamentaban de un déficit crónico y creciente de infraestructuras básicas en Cataluña, primero los nacionalistas de Pujol, después los socialistas de Maragall. El victimismo de unos y otros, desagradable al oído por sus tintes reivindicativamente insolidarios, no fue creíble en su momento, y la situación actual tiene por tanto una paternidad colectiva y difusa, imputable a los sucesivos gobiernos de signos diferentes en Cataluña y en España. Dos: Los déficit actuales no se colman con competencias, sino con recursos. Ésta es una obviedad que no necesita demostración, pero que ha sido constantemente ocultada por los nacionalistas. Habría sido posible atender los justos requerimientos catalanes de más inversión y mejores infraestructuras sin necesidad de bordear, y quizá traspasar, la Constitución con un estatuto desaforado, excesivo y problemático. Tres: La clase política está mostrando sus carencias y su inconsistencia ante una ciudadanía legítimamente indignada. No es de recibo que, en tanto fracasan las Cercanías de Renfe, se colapsan las carreteras, se apagan las luces urbanas o se congestionan los aeropuertos, los principales responsables políticos catalanes se vayan de vacaciones y dejen de retén a un representante para que toree a la opinión pública. La ingente acumulación de desdichas hubiera justificado no sólo reuniones constantes del Gobierno catalán, que debió haber permanecido en permanente vigilia, sino también la celebración solemne en Barcelona de un consejo de ministros, decidido a adoptar sobre el terreno medidas eficaces. Cuatro: Aunque no le agrade al ex presidente Pujol el planteamiento, es claro que lo ocurrido en Barcelona ante los ojos de toda España obliga a la sociedad de este país a variar su juicio sobre la situación real del Principado, cuyas lamentaciones no eran infundadas. Hoy es necesario -no sólo posible- incluir en los sucesivos Presupuestos del Estado las partidas precisas para resolver las principales carencias básicas de Cataluña, de forma que pueda reemprender su senda ascendente, en una misión pionera que ha sido muy positiva para el Estado español. Cataluña ha d e volver a ser la locomotora de España. Cinco: El roce con la realidad suele facilitar el realismo. Madrid y Barcelona han de comenzar a negociar con tino y sentido común. Lo urgente es que Cataluña funcione y ya se verá después cuál ha de ser el simbolismo patriótico de la eficacia y de la toma efectiva de responsabilidades.