¡Qué tostón de señores!

NO SÉ qué sucede con nuestra clase política, pero según transcurren los años se hace más átona, falta de crédito y aburrida. La aparición de recientes movimientos ciudadanos como Ciudadants de Catalunya y Basta Ya es la mejor prueba del manifiesto descontento con unos representantes centrados en la satisfacción de sus pretensiones endogámicas. Unos políticos profesionalizados y alejados de las cuestiones que importan a una hastiada ciudadanía. Ya no es que no existan en nuestros escaños brillantes oradores como en tiempos de Castelar o Salmerón, es que el pozo de la mediocridad no parece tener fondo. Los dos últimos ejemplos llegan de la mano de dos preclaros estadistas. Estoy hablando de un desesperado Juan José Ibarretxe y un inclasificable Carod Rovira. Dos políticos que desempeñan no obstante importantísimas funciones de gobierno, lo que da a sus cansinas bravuconadas una grave significación. El primero, en tanto que lendakari, y el segundo, como vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Ambos, por lo que se ve, anhelan transformarse -aunque sin éxito- en dos especialistas de la democracia directa, reclamando, entre acongojantes suspiros, la convocatoria de respectivos reférendums de autodeterminación. ¡Ya saben los más contrastados estudiosos del Derecho electoral! El oráculo de Delfos bebe en las aportaciones patrias -¡lo siento por la expresión!- de los mentados políticos. El problema estriba en que, en cuanto se profundiza en sus fanfarronas aspiraciones, éstas carecen de fundamento. Y ello por tres razones. Pr imera: porque no gozan de competencia. La convocatoria de referéndum es, como afirma el artículo 149.1.32 de la Constitución, atribución propia del Estado: «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.» Una convocatoria que se encomienda, de conformidad con el artículo 92.2 de nuestra Carta Magna, «al Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados». Así que ya saben los advenedizos juristas: a estudiar con denuedo la Constitución. Y además, ya que desean convertirse en referentes académicos, también han de prestar atención, pues nada saben tampoco de ella, a la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum. Segunda: porque nadie lo quiere. Ni la mayoría de la sociedad vasca, ni la catalana, ni desde luego el resto de los ciudadanos de este país, que se construye igualmente, les guste o no, con los territorios de dichas comunidades. Ya lo decían hace tiempos las mejores fuentes. Así lo afirmaba Julio Caro Baroja. «El foralismo y las libertades colectivas no trajeron las verdaderas libertades». Y así lo explicitaba muchos siglos antes Pedro IV el Ceremonioso: «Cataluña es la mejor tierra de España». Y tercera: porque el Estado de Derecho no se lo va a consentir. La Constitución y las leyes están para ser cumplidas. En especial por parte de los poderes públicos. En fin, señorías, no se hagan ilusiones, por más que uno no pueda dejar escapar de sus labios las palabras con que empezaba este artículo: ¡Qué tostón de señores!