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FEDERICO ABASCAL
León

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EL GOBIERNO aprobó ayer sus Presupuestos Generales del Estado, y ahora sólo falta que los aprueben Las Cortes. Desde hace meses, sin embargo, esa aprobación no se da como segura, ya que hasta los grupos parlamentarios que venían apoyando las iniciativas del Gobierno durante la legislatura anunciaban últimamente su disconformidad con las inversiones estatales que iban a recibir sus comunidades autónomas. CiU y ERC parecían inclinadas a presentar sendas enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, bien para que éstos fueran rechazados o sus inversiones autonómicas corregidas muy al alza. Las correcciones al alza, fruto de negociaciones bilaterales previas, se han anticipado esta vez a la entrada de los Presupuestos en el C ongreso, por lo que el debate más importe y más político de cada año va a discurrir por asuntos menores, aunque de notable interés, como todo lo relativo a la protección familiar, al estímulo a la natalidad o a la elevación del listón bajo el cual la pobreza exige ayuda económica del Estado. Nadie apostaba ayer a favor de que los Presupuestos vayan a ser devueltos por el parlamento al Gobierno, pues cabe la probabilidad de que CiU adopte una postura de apoyo o abstención que facilite la buena marcha de la Ley Presupuestaria hacia el Boletín Oficial. Y ERC acabaría votando a favor. Pero habrá tensiones fuertes durante los debates en comisión, y momentos en que esta Ley podría tener el aprobado realmente difícil. Durante los debates parlamentarios se realizarán correcciones en muchos capítulos de este macroproyecto de ley, pues hasta el Gobierno negocia con los grupos menos distantes hasta modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social para incluir en el sistema derechos sociales que beneficien a los sectores de población más económicamente deprimidos. Y en esta proyección de medidas de índole socialdemócrata proyecta el Gobierno, y así lo anunció ayer su presidente, una agilización del desahucio para que los arrendatarios puedan desprenderse con mayor facilidad de sus inquilinos morosos o insolventes. Se trata por infinidad de medios de favorecer el alquiler ante la dificultad de los jóvenes para embarcarse en hipotecas a treinta o cuarenta años. No podía faltar la voz crítica de la oposición, en labios esta vez del 'popular' Arias Cañete, para quien estos Presupuestos no responderían al entorno de desaceleración en el que la economía española se desenvuelve. Y hasta las previsiones de crecimiento económico, según el portavoz del PP, serían desmedidas y se habrían quedado ya «obsoletas», al estimar el Gobierno que el crecimiento del PIB será del 3,3% cuando nadie lo sitúa por encima del 2,9%. Presupuestos, pues, de año electoral y, por ello, condicionados a satisfacer al mayor número posible de clientes electorales.

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