Moncloa contraataca

NO ME gusta apostar, pero va una cena a que los dos partidos mayoritarios se ponen aceleradamente de acuerdo en la renovación de los cargos judiciales que han sobrepasado su fecha de caducidad. Y todo porque el consejo de ministros decidió recusar a dos magistrados conservadores del Tribunal Constitucional por haber anticipado, y por escrito, su opinión contraria a la prolongación del mandato de la presidenta María Emilia Casas. Una reforma recentísima de la Ley Orgánica del Poder Judicial prorrogaba los mandatos en el TC hasta el momento en que fueran renovados, contra lo que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad. La señora Casas, a la que dicho recurso concernía, decidió abstenerse en un gesto de estricta neutralidad, así como el magistrado Guillermo Jiménez, cuyo mandato se veía caducado igualmente. En ausencia de éstos, los diez jueces restantes -cinco progresistas y cinco conservadores- decidieron aceptar la abstención de sus dos compañeros y, de paso, admitir el recurso del PP contra la LOPJ, dado el voto de calidad del magistrado de mayor edad, Vicente Conde, del grupo conservador. María Emilia Casas se veía en la práctica definitivamente alejada del TC. Resulta que la recusación de los dos magistrados conservadores, García Calvo y Rodríguez Zapata, reduciría nuestro más alto tribunal a ocho magistrados, tres conservadores y cinco progresistas, y va otra cena a que no va a ocurrir, porque la batalla entre ideologías en todos los órganos de la Judicatura aguijoneará al PP para no ver su proyección judicial tan disminuida en un tribunal que habrá de decidir no sólo sobre la reforma de la LOPJ sino sobre los recursos «populares» contra el «Estatut» de Cataluña y varias leyes aprobadas por mayoría gubernamental. Es la primera vez que un Gobierno recusa o intenta recusar a magistrados del TC, pero esa decisión, que autoriza a una lid de opiniones encontradas, resulta en esta circunstancia de gran oportunidad, por su efecto en los sectores políticos que prefieren tensar al máximo el funcionamiento de la Justicia, sobre todo en sus cumbres judiciales y orgánicas (Consejo General del Poder Judicial), a perder influencia entre los magistrados. Ayer decía la vicepresidente de La Vega tras el consejo de ministros que el planteamiento de recusación decidido por el Gobierno que «la imparcialidad del juez no es sólo garantía para las partes sino para la autoridad y el prestigio de los tribunales». Y esa imparcialidad, que nunca debiera oscurecerse, podría inclinar la balanza del TC a favor del platillo progresista, dada la recusación ordenada por el Gobierno a la Abogacía del Estado, lo que hace presumir que el PP va a surgir con la bandera de la flexibilidad negociadora para que puedan renovarse los cargos tanto en el CGPJ como en el TC en cuestión de días, por no decir de minutos.