Ocurrencias y reformas constitucionales

CUANDO SE PLANTEARON las elecciones generales del 2004, el entonces presidente Aznar, ensoberbecido y probablemente amargado por su irreversible decisión de no presentarse a un nuevo mandato, se manifestó reacio a cualquier mudanza del sistema institucional. Contrario por tanto no sólo a la reforma de los Estatutos de Autonomía -la exigencia de Cataluña en tal sentido era ya un clamor desde la formación del tripartito en 2003- sino también a cualquier reforma constitucional. De ahí que sólo el PSOE presentase en su programa una propuesta en tal sentido, en tanto el PP apostaba por la estabilidad constitucional a toda costa. La reforma de la Constitución mencionada textualmente en aquel programa socialista con que Rodríguez Zapatero consiguió inesperadamente el poder el 14 de marzo consistía en las siguientes medidas: reforma del Senado, inclusión en la Constitución de la denominación oficial de las comunidades y ciudades autónomas, referencia a la Constitución Europea y reforma de las normas de sucesión en la Jefatura del Estado para adecuarlas al principio de igualdad entre hombre y mujer. Como se ve, una reforma muy discreta y limitada, en la que sólo tenía verdadera entidad la reestructuración de la Cámara Alta. No ha habido ni siquiera un intento real de sacar adelante una reforma constitucional que requería una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras (art. 167 C.E.), sin perjuicio del procedimiento reforzado del art. 168, obligatorio para realizar ciertos cambios y que requiere una mayoría de dos tercios y la inmediata disolución de las Cámaras. Pero a pesar de ello, y de que en modo alguno se ha reconstituido la relación entre PSOE y PP, Rajoy anunciaba el sábado, al término de la Conferencia política de su partido sobre el Modelo de Estado, una nueva propuesta de reforma constitucional, compleja y todavía no planteada de forma sistemática que, entre otras cuestiones, pretende garantizar la competencia exclusiva del Estado en determinadas materias («aquellos asuntos en que ha de preservarse la unidad de acción, la coordinación y la defensa de los intereses generales, como son la política exterior, la defensa o la seguridad y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad», y otras como «las bases de la ordenación de la economía» o «la coordinación de la lucha contra las catástrofes naturales»). Además, quiere Rajoy fortalecer las competencias legislativas del Estado para acometer reformas en determinadas materias como urbanismo, vivienda o inmigración, así como para potenciar la igualdad en materia de aprendizaje del español, recepción de prestaciones sanitarias o distribución de recursos naturales. Asimismo, el PP quiere reformar el TC e incrementar las mayorías necesarias para aprobar Estatutos de Autonomía y las leyes que regulan el TC o el CGPJ. Es difícil no estar de acuerdo en abstracto con buena parte de tales propuestas, que, en términos generales, se encaminan, de un lado, a la tan mentada regeneración democrática y, de otro lado, a contener con mayor o menor sutileza las presiones disgregadoras de los nacionalismos periféricos. Sin embargo, parece hoy muy evidente que el PSOE no apoyaría bastantes de las propuestas que acaba de formular Rajoy, que han de parecer demoníacas heterodoxias a todos los partidos nacionalistas, de la misma manera que era impensable que el PP apoyase en la legislatura que concluye la reforma que los socialistas llevaban en su programa electoral y que han desarrollado hasta donde les ha sido posible. Así las cosas, deberían quizá las grandes fuerzas dejar de realizar brindis al sol en materia constitucional y de enunciar utopías irrealizables precisamente por falta de consenso. Si las dos principales fuerzas maduran y deciden hacer primar los intereses generales y la voluntad de la mayoría con el exigible respeto a las minorías, lo lógico es que opten por sentarse a hablar y a negociar, en vez de seguir proclamando ocurrencias biensonantes pero imposibles.