Educar para formar ciudadanos libres y responsables

UNA enorme confusión se ha generado, una vez más, en nuestra sociedad. En esta ocasión, en torno a la asignatura de la LOE «Educación para la ciudadanía y los derechos humanos» (éste es el nombre completo, que debe tenerse en cuenta por cuanto decimos más adelante). Confusión injustificable y, por tanto, lamentable y no exenta probablemente de algún propósito poco honesto, que vamos a intentar desvelar. En primer lugar debe quedar claro que la implantación de esta asignatura, como ha dicho Amnistía Internacional, «es sólo un primer paso hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado Español con las Naciones Unidas y el Consejo de Europa»; compromisos firmados tanto por el anterior presidente del Gobierno, José María Aznar, como por el actual, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta materia se imparte, desde hace años, en catorce países europeos, formando parte de las diversas recomendaciones que, desde 1995, vienen haciendo las Naciones Unidas y el Consejo de Europa sobre educación en derechos humanos, y que nuestro país había desoído totalmente hasta este momento (hecho denunciado en repetidas ocasiones por la citada ONG de derechos humanos, Amnistía Internacional). El objetivo de esta «Educación para la ciudadanía y los derechos humanos» no es otro que el de crear, en el aula, una cultura de derechos humanos, en un clima de respeto y convivencia entre todas las ideologías y todas las personas, de forma que favorezcan los valores y los principios de dignidad, igualdad, justicia, etc., contenidos en los grandes Documentos Internacionales de Derechos Humanos, como son la Declaración Universal de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966, así como la propia Constitución Española. Dicho esto, es obvio la pregunta ¿quién se puede oponer a que se imparta una asignatura con estos contenidos?, así como esta otra ¿no es -esta educación- lo que más necesitan, en estos momentos, los centros escolares españoles, de los que se ha adueñado, en los últimos tiempos, un clima de violencia y acoso entre los propios alumnos y entre éstos y los profesores? Entonces, ¿de dónde proceden esas voces discordantes con esta asignatura en principio tan necesaria y obligada? Sólo pueden proceder de los poderes inmovilistas, aquellos que se niegan a perder sus privilegios en el campo de la educación, como son los sectores del catolicismo más conservador, y de aquellos que se han dejado arrastrar por esos poderes. En efecto, hace unos meses oí decir a un arzobispo: «Impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía es impartir el mal». No merece, a mi juicio, comentario alguno, sólo el olvido. Pero más recientemente un líder político, aspirante a la presidencia del gobierno, osó decir: «Y no tanta educación para la ciudadanía, que no sirve para nada». Esta afirmación me parece, si cabe, aún más grave por la persona de la que procede. Es desaprensivo y descabellado hablar con esa ligereza y esa irresponsabilidad desde puestos de tanta responsabilidad. Estas afirmaciones demuestran un desprecio y una negativa al derecho de los ciudadanos a recibir una educación para ser libres y responsables, y poder crear, así, un ambiente de respeto y convivencia para todos, tan necesario en estos momentos. Si unimos a estas declaraciones, la actitud de aquellas personas que hablan de ejercer la objeción de conciencia ante la «Educación para la ciudadanía y los derechos humanos», como si nos obligaran a hacer el servicio militar o abrazar una religión que no deseamos, tenemos que concluir que nuestra sociedad no goza de buena salud mental. Por otra parte, los que se oponen a esta asignatura arguyen que, a través de ella, el Estado pretende imponer una moral obligatoria para todos. Esto se cae por su propio peso, si se conoce que los gobiernos españoles de uno y otro signo no habían tenido ningún interés en que se impartiera esta materia, y que la razón última de su imposición actual procede, como hemos afirmado antes, de las recomendaciones de las N.U. y del Consejo de Europa, y que su única y conc reta finalidad es precisamente lo contrario de la imposición de una moral obligatoria para todos, como es, formar ciudadanos libres y responsables, en un clima de respeto y convivencia entre todos. Si esta asignatura no consigue este objetivo, ha fracasado. Y para ello, para que no fracase, quizás sea obligatorio hacerse las siguientes preguntas: ¿Quién ha de impartirla? ¿Con qué preparación y en qué condiciones? Preguntas necesarias e imprescindibles, en estos momentos, y que, al parecer, no importan ni a los poderes religiosos ni a los políticos de diferentes partidos. Aquí está el meollo de la cuestión, que podría desvelar la confusión a la que aludíamos al principio y que demuestra esta cruda realidad: Por un lado, los sectores inmovilistas católicos y los políticos de la oposición, temiendo perder sus privilegios en educación, que no son pocos, achacan al actual gobierno que, mediante esta asignatura, pretende adoctrinar a los ciudadanos. Por otro lado, el actual gobierno no muestra, paradójicamente, suficiente interés por esta asignatura, debido a que poco o nada ha hecho para que se imparta en las condiciones que claramente ha puesto de manifiesto el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, como son: «Dotar al personal docente y a las autoridades escolares (mediante cursos de capacitación previos y simultáneos a la prestación de servicios), de los conocimientos, la comprensión, las técnicas y la competencia necesarios para facilitar el aprendizaje y la práctica de los derechos humanos en las escuelas» (del «Programa Mundial para la educación en derechos humanos», 2005-2007, de las N.U.). Claro, esto a las comunidades gobernadas por el Partido Popular no les ha importado tampoco mucho, al menos hasta ahor a y por lo que yo conozco. ¡Pobres e ingenuos ciudadanos que esperan de los políticos actuales que faciliten -sin la suficiente presión social- una educación en materia de derechos humanos! Los edificios siempre se han construido comenzando por los cimientos; hoy, estos cimientos se llaman «conciencia y presión responsable de los ciudadanos».