Los Albertos andan sueltos y nosotros, boquiabiertos

SEGÚN ME CONTÓ un amigo de humilde prosapia y limitados recursos, los agentes de «ASUMO» (Agencia de Succión Monetaria) -más conocida eufemísticamente por «Agencia Tributaria» o, popularmente, como «Hacienda»-, le enviaron un requerimiento para que se personase a las nueve de la mañana en el despacho del jefe de sección correspondiente, concediéndole diez días hábiles de plazo para hacerlo. Caso omiso, incurriría en una infracción «grave», sancionable con multa pecuniaria. ¿Cuál era la causa? A través de sus omnipotentes y descomunales tentáculos informáticos, los agentes habían detectado en la declaración de mi amigo del año 2006 «ciertas incidencias» relativas a la venta de un piso sin variación patrimonial alguna. Efectivamente, harto de trabajar como un mulo desde los catorce años, mi amigo vendió el piso donde moraba, único capital cosechado y comprado en 1982. Se retiró a su aldea natal, como los elefantes regresan a su cuna cuando, cansados de dar trompazos y pisotones por la sabana, se saben ya en el ocaso de la vida. No declaró ganancia patrimonial alguna por aplicación de los coeficientes de abatimiento; esto es, como la vivienda había sido comprada 10 años antes del 31/12 1994, según la entonces vigente ley del IRPF, estaba libre de tributación por prescripción adquisitiva. Lo curioso es que tal prerrogativa se había derogado el 20 de enero de 2006, por lo que aquellos que hubiesen vendido bienes a partir de esa fecha estaban obligados a tributar por la variación patrimonial. Así se lo advirtió a mi amigo el jefe de sección, con el rictus exitoso de haber cazado un fraude. -Lo sé -contestó mi amigo, para sorpresa del agente-, pero, como puede usted comprobar -mostrándole las escrituras de compraventa- la operación de compraventa tiene fecha de 19 de enero. El agente arrugó el ceño y de un soplo se le apagó el fulgor de la sonrisa, como la llama en las velas de un cumpleaños feliz. -Pero yo no soy adivino -replicó el agente, ya visiblemente disgustado tras habérsele escapado el presunto, alzando la voz para dar más solidez y justificación al procedimiento-, en la declaración no consta la fecha de compra. -Ya sé -respondió mi amigo-, lo que importa de nuestras declaraciones son las cifras y las cruces y, en cuestión de letras, a ustedes sólo les importan las del tesoro. Casualmente, la noticia nacional por excelencia de ese mismo día fue, tras cuatro años de espera, la revocación por el Tribunal Constitucional de la condena a tres años y cuatro meses de cárcel a los célebres artistas de los negocios Alberto Alcocer y Alberto Cortina, condena que el Tribunal Supremo les había impuesto por estafa. Estafaron a sus socios la irrisoria cantidad de cuatro mil millones de pesetas, merced a un complejo acuerdo con Javier de la Rosa -otro hermanito de lo irrisorio-, que les permitió convertirse en los principales accionistas del Banco Central a cambio de dos inmuebles, las torres inclinadas conocidas como «Torres Kío», sitas en la madrileña Plaza de Castilla. En la operación se cometieron toda suerte de irregularidades y, como suele ser habitual, no faltó el contubernio político, porque, según informaron algunas fuentes, se gestó en casa del tejemanejes Enrique Sarasola y en presencia de Felipe González. Una verdadera burla a la diosa de la balanza, emblema de la justicia, que, para su oprobio, consagra el principio de la impunidad a los poderosos -siempre defendidos por lo mejores bufetes e importantes amigos que tutelan su causa- y degrada todavía más la menguada credibilidad del Alto Tribunal. El Tribunal Constitucional reconoce en la sentencia que los dos primos estafaron a sus socios en 1988 por la operación de compraventa de los solares de la Plaza de Castilla (aunque, en este caso, más valdría decir que fueron unos «primos» los que se dejaron estafar por unos «socios»). Pero el Alto Tribunal estima que el delito había prescrito, pues el plazo del cómputo debe establecerse desde la fecha de la comisión del acto hasta que la querella es admitida a trámite por el juez, y no hasta su presentación en el juzgado, como consideraba el Supremo en su fallo condenatorio. Anteriormente, el Ayuntamiento de Salamanca había llevado a los tribunales al industrial de la construcción Mario Curto. La sentencia reconoció un delito urbanístico por haberse excedido en 2.011 metros cuadrados sobre el máximo permitido en la promoción de «Residencial El Greco», iniciada en 1996. El Tribunal de lo Contencioso de Salamanca señaló que el tiempo máximo de preinscripción de estas infracciones es de cuatro años y el expediente sancionador no fue incoado por el Ayuntamiento hasta el año 2005, nueve años después. De modo que, por prescripción legislativa, -producto sin duda de un descuido involuntario-, se privó a las depauperadas arcas municipales salmantinas de un millón cien mil euros. Se da el caso -sin duda, circunstancial- de que Mario Curto mantiene una conocida relación de amistad con el alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, el ínclito Julián Lanzarote, al que ha invitado en varias ocasiones a pasar las vacaciones con su familia en un chalet propiedad del constructor en Marbella. ¿Se acordaría el señor alcalde, barriga al sol sobre la fina arena marbellí, de preguntarle a su amigo del pico y de la pala por las deudas contraídas con todos los salmantinos, fruto de involuntario descuido? Compárense estas prescripciones: las de los Albertos y el Curto y la de mi amigo, del importante y el plebeyo, del empresario y el proletario, del viajero de la clase business y el de la clase turística. En el caso de mi amigo, se le molesta, conmina y tiene de plazo diez días hábiles para, sospechoso de fraude, demostrar que no ha cometido ningún delito y, ¡ay!, de paso, sufrir el mosqueo del probo funcionario defraudado. A los artistas de los turbios negocios, en cambio, se les reconoce expresamente el delito, pero se da como admisible que pasen un montón de años para que prescriba, estando por medio un alcalde y un juez. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Es para morirse de risa o de llanto. El dinero sigue siendo poderoso, aunque ya no cabalgue sobre el corcel del caballero, sino sobre ergonómicos asientos de reactor privado. ¡País!