Un acto abusivo camuflado bajo la Ley de Huelga

DURANTE más de dos meses (desde el 4 de febrero hasta el 7 de abril, período que además coincidió con unas elecciones generales) hemos sido testigos e indefensos afectados de una huelga de funcionarios en los organismos judiciales dependientes del Ministerio de Justicia que paralizó los juzgados y que llegó a unos límites inaceptables para los ciudadanos. Lo que en principio es un derecho laboral básico, el derecho a la huelga, se convirtió en un arma abusiva que rayó en el límite de la legalidad. Claro que declarar una huelga como ilegal es un cascabel que ningún gobernante, por muy osado que fuera, se atrevería a poner al más «lindo y tierno gatito» y menos con unas elecciones generales a la vista. Ahí es, a nuestro entender, en la aplicación de una ley que recoge un derecho pero que también provoca daños irreparables a terceros, como es el caso, donde radica la verdadera raíz del problema: tenemos un derecho de huelga del año 1977, recogido en el título primero del decreto-ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo, que se promulgó en una etapa convulsa de la democracia española y que ningún gobierno se ha atrevido a revisar o desarrollar. Entendemos la huelga como lo que es, un derecho inalienable del trabajador como medida de presión contra su empresa para obtener determinadas mejoras en su puesto de trabajo. Ahora bien, en este caso, la huelga de funcionarios ha presionado y de qué manera a toda la sociedad, a todos los administrados, ocasionando un grave perjuicio a los ciudadanos que hemos asistido indefensos a una parálisis de la administración de justicia, ya de por sí en estado semicatatónico. Aquí no ha habido empresa «opresora» ni empresario «explotador», ni siquiera una empresa pública a la que reclamar lo que lo que los huelguistas consideran justo y que no entramos a valorar. Aquí lo que ha habido es una interpretación torticera de un derecho que se ha convertido en un acto abusivo paralizador de más de 30.000 juicios y 100.000 expedientes y actuaciones judiciales que difícilmente se pondrán al día en este caos judicial, causando un daño irreparable a los ciudadanos y a las empresas que sobrepasa los beneficios objetivos previstos por los huelguistas. Entre esos expedientes acumulados (6.000 procedimientos sin tramitar en León) hay multitud de asuntos que también afectan a los empresarios como personas jurídicas y a los trabajadores, tales como impagos, quiebras, concursos, suspensión de pagos, etcétera cuya paralización o retraso implica importantes costes para la empresa. Sin entrar a valorar las peticiones, sobre todo salariales, de los funcionarios de Justicia en huelga de las siete comunidades autónomas que no tienen traspasadas las competencias en esta materia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, La Rioja y Asturias) además de Ceuta y Melilla, estimamos que se han estado vulnerando derechos fundamentales como es la «tutela judicial efectiva», recogida en el artículo 24 de la Constitución española. («Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión»). Aquí se ha producido indefensión y ningún juez se ha pronunciado. Para evitar estos efectos perversos del derecho a la huelga, creemos necesario que las reivindicaciones de trabajadores que prestan servicios en sectores estratégicos como es la administración de Justicia o la Sanidad (huelgas coincidentes y de graves efectos en la provincia de León) debería estudiarse otro sistema de presión/negociación que no ocasionara perjuicios irreparables a terceros, en este caso, a todos los administrados. Esta legislatura que comienza debería ser un buen momento para plantear una revisión y ampliación de la Ley de Huelga porque nos parece que la legislación al respecto es demasiado pobre, no está suficientemente desarrollada y no contempla a fondo supuestos como éste, en los que debería haberse articulado a tiempo un sistema de arbitraje justo para las partes que no permitiera dilatar un conflicto como el vivido durante más de dos meses. Subyace a este problema otro de mayor envergadura que es la eterna reforma pendiente de la administración de Justicia, reforma que ningún Gobierno se ha atrevido a hincar el diente y que ha provocado y provoca situaciones que rozan el esperpento. Este país no se puede permitir ni un día más tener una Justicia anquilosada, lenta y que acumula un retraso de más de treinta años respecto a otros cuerpos de la administración. Cada gobierno que ha llegado al poder en España ha encarado reformas mucho menos urgentes que ésta, sobre todo en Educación que ha sufrido reformas y contrarreformas para llenar un libro, ¿qué pasa con la Justicia entonces? Estamos en un momento crucial para que los dos grandes partidos de España alcancen un consenso en temas de estado vitales como lo es la justicia, la seguridad, la educación, la energía, la inmigración, la política exterior, el terrorismo y la estructura institucional del Estado. Por repartir juego, podrían empezar la tarea legislativa con esta asignatura siempre pendiente, la Justicia, la madre de todas las virtudes y la garante de todos los derechos, esa mujer de ojos vendados con una balanza en una mano y una espada en la otra. ¿Seguirá intimidando y paralizando como lo ha hecho hasta ahora a los Ministros que han paseado su cartera por el Congreso y las más altas instituciones del Estado?