Lengua y deslealtad

ES COMO una maldición. En este país hay que esperar a que los problemas reales, los que todos ven con claridad, los que nos afectan a todos, se pudran para intentar solucionarlos. Es el caso de esa iniciativa, tan necesaria, del Manifiesto por la Lengua Común que está recibiendo numerosas adhesiones tanto de ciudadanos anónimos como de relevantes nombres de nuestra cultura. Se ha ido tan lejos en el desvarío, la política de cortos vuelos ha contaminado hasta tal punto la cuestión lingüística que cabe pensar que es probable que sea ya demasiado tarde. Quizá ese enérgico, civilizado y positivo intento de regresar a la senda del sentido común haya llegado demasiado tarde o encuentre dificultades de tal calibre que quede atascado en un barrizal. En todo caso, el mundo no se construye con los ladrillos del pesimismo así que habrá que conceder el beneficio de la duda y esperar, desear, que la bola de nieve se vaya engordando aún más y, de la mano de las gentes más respetadas de nuestra cultura y de nuestra lengua común, la que nos une o debería unir, llegue el clamor hasta quienes entre sus primeras obligaciones tienen la de no cerrar los ojos a la realidad. Y la realidad es tozuda: la falta de lealtad, la lectura interesada de la Constitución -que en su día tuvo que introducir ciertas dosis de ambigüedad para sacar adelante a este país sin convulsiones-, y, en fin, la lamentable utilización de la lengua como arma política, han conducido a que se haya encendido ese semáforo rojo en forma de un Manifiesto para defender nuestro patrimonio más valioso: aquello que hace posible el trabajo, la educación y la vida en común. Qué triste y empobrecedora esa endogamia que lleva a mucha gente, (incluidos muchos estudiantes brillantes) a desechar el País Vasco o Cataluña por los recelos a la cuestión lingüística. Disponemos ya, no hay que inventar nada, de un «esperanto» que llamamos castellano o español y que además es una lengua vigorosa y pujante: el español es ya la tercera lengua de Internet; 102 millones de usuarios, sólo por detrás del inglés (el latín de nuestro tiempo) y del chino. Pelear contracorriente acorralando al castellano e inventando odios y rencores puede ser rentable para la supervivencia de esa clase política de baratillo que estamos sufriendo en los últimos años pero es también un grave error cuyas consecuencias las pagarán más pronto que tarde los ciudadanos y sobre todo los más desfavorecidos. Y subrayemos los ciudadanos porque, como bien se destaca en el Manifiesto, son ellos, los ciudadanos, los que tienen derechos lingüísticos y no los territorios ni las lenguas mismas. Dice la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, que la LOE garantiza el aprendizaje del castellano en todo el territorio nacional pero eso no es, hoy por hoy, más que un desideratum enternecedor. La realidad es otra: quienes no dudan en utilizar política y coactivamente el resto de las lenguas españolas (patrimonio de todos, no se olvide) no están por la labor, ni mucho menos, de reconocer esa imprescindible y fecunda «asimetría» en favor de la lengua común por la que se aboga en el Manifiesto. Quizá es hora de acabar con las ambigüedades en la Constitución. Pero, echando un vistazo a la periferia montaraz, no parece un objetivo fácil. Igual Ibarretxe no lo entiende.