Punto de partida

HA SIDO prácticamente unánime -con las salvedades imaginables de quienes han perdido la partida en los medios de comunicación- el reconocimiento de que la entrevista Zapatero-Rajoy, concluida con el logro de importantes acuerdos, ha constituido un notorio cambio de clima que abre paso a una normalidad en las relaciones entre el poder y la oposición. Se recupera en fin el criterio de que en las viejas y consolidadas democracias existe un núcleo de intereses de Estado que debe quedar al margen de la polémica y en manos del consenso, a la vez que en las cuestiones de política corriente poder y oposición deben desempeñar sus respectivos roles enfrentados con vehemencia y pasión. El miércoles, los dos líderes marcaron un valioso punto de partida y, lo que es más relevante, abrieron puertas a esta interpretación racional y polícroma del sistema constitucional. Pero es notorio que los acuerdos conseguidos hasta ahora son objetivamente escasos. De hecho, Zapatero y Rajoy convinieron apenas cumplir las normas de renovación de las instituciones -lo cual no es precisamente una proeza sino una obligación institucional-, restituyeron los principios más obvios de la unidad antiterrorista después de la gran polémica sobre el fallido «proceso de paz», acordaron reformar técnicamente el aparato judicial para sacarlo de su insoportable obsolescencia y decidieron algunas simbólicas reformas legislativas para proteger del escarnio a las víctimas del terrorismo y para combatir mejor la pederastia. Como diría Horacio, parieron los montes y apareció un ridículo ratón. Es obvio que estos discretos acuerdos corrigen la deriva de los últimos años, en que el PP estuvo completamente al margen de la evolución política, en parte por su propia y excéntrica decisión, en parte también por la exclusión que le supuso el espíritu del «Pacto del Tinell» suscrito por el PSC con sus socios del «tripartito» y asumido tácitamente (o, por lo menos, no denunciado) por Zapatero. Sería muy prolijo detallar todos los asuntos en que es deseable y razonable que el PP y el PSOE lleguen a un consenso estrecho, pero no es ocioso mencionar los principales. En primer lugar, ambas formaciones deben acordar el cierre del Estado de las Autonomías, sobre la base de la futura sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña, que a su vez debe inspirar las reformas estatutarias todavía pendientes. En segundo lugar, las dos grandes formaciones políticas tienen que lograr acuerdos de fondo en materia de política exterior, de forma que el Estado tenga una única proyección ante la comunidad internacional y defienda mejor sus intereses en todos los foros; el inminente cambio en la Casa Blanca, gane quien gane las elecciones, facilitará grandemente la reubicación de nuestro país en sus coordenadas correctas. En tercer lugar, y una vez definido el modelo territorial, será ya inaplazable la reforma constitucional, de la que ha dejado de hablarse. Conviene que la opinión pública comience a percatarse de la tarea pendiente, que deberán acometer los grandes partidos en un cierto momento.