Funcionarios, sindicatos y crisis

HOY, EL CONSEJO de ministros extraordinario que se celebra en plena canícula de agosto tiene entre otros objetivos facilitar a la opinión pública la digestión del previsible mal dato del crecimiento económico durante el segundo trimestre del año, que se habrá difundido poco antes de que se reúna el gabinete. La congelación salarial de los funcionarios ha sido una de las herramientas de austeridad utilizadas tanto por el PSOE como por el PP cuando había que afrontar una mala coyuntura. La adoptaron el propio Solbes en 1994 y, tiempo después, Rodrigo Rato en 1997. José Luis Rodríguez Zapatero ya ha manifestado que no es partidario de una solución tan drástica. Y, eso sí, ha realizado el gesto de congelar los sueldos de los altos cargos. Así las cosas, Solbes pretende limitar la revisión salarial al 2%, porcentaje que, unido al efecto de las pagas extraordinarias, al 0,5% destinado al fondo de pensiones y al 0,3% destinado a la modernización de la administración, representa un incremento de la masa salarial del 3,5%. Asimismo, la oferta de empleo público del 2009 se limitará a unos 10.000 nuevos funcionarios, menos de la tercera parte de lo que suele ser habitual. De este modo, Solbes pretende asimismo dar ejemplo al sector privado, en el que se ha generalizado la cláusula automática de revisión salarial, lo que en algunas grandes empresas podría representar que la subida del año próximo rebasaría el 6%. Este impacto automático del IPC sobre los sueldos agrava como es lógico el efecto de la inflación y, por ende, la profundidad de la crisis. Es escasamente compatible la actitud civilizada, moderada y constructiva de los sindicatos en la concertación social -hace escasas semanas se han reunido con la patronal y con el Gobierno para mostrar su buena disposición a cooperar en lo posible en la salida de la crisis- con este radicalismo extremo que se desprende de algunas declaraciones: portavoces de estas organizaciones ya han declarado que si la respuesta que reciban de la ministra de Administraciones Públicas en la Mesa General de la Función Pública que se celebrará en septiembre, convocarán contundentes movilizaciones y huelgas. Es ciertamente evidente que continúa todavía pendiente una reforma a fondo de las administraciones públicas, que todos los gobiernos anuncian perro ninguno se atreve a acometer por lo arduo de la empresa. De cualquier modo, y aunque los funcionarios tengan probablemente numerosos argumentos para el descontento -salarios no competitivos con el sector privado, falta de promoción interna y de incentivos, etcétera-, no hay duda de que su quehacer tiene la contrapartida muy valiosa de la estabilidad laboral plena y vitalicia. Así las cosas, no es tendencioso reclamar a los servidores públicos algún esfuerzo personal y corporativo en momentos de crisis en los que muchos trabajadores del sector privado sí ven amenazado y destruido su empleo. Quienes creemos que los sindicatos han realizado un largo y fecundo viaje desde la radicalidad y el dogmatismo de la lucha de clases a la concertación social y a la profesionalidad actuales no podemos imaginar que estas organizaciones vayan a contribuir a la crisis con el griterío. Aún hay tiempo de que cunda el sentido común.