Así nos va

EL EJECUTIVO autonómico catalán presiona insistentemente estos días al Gobierno de la nación para que resuelva de una vez por todas el dichoso asunto de la financiación de Cataluña conforme a lo establecido en el nuevo estatuto de autonomía, es decir, tras una negociación bilateral entre el poder central y el autonómico, interpretada la situación como si realmente Cataluña y España fueran dos países diferentes o como si Cataluña tuviera el mismo régimen foral que Navarra y las Vascongadas. Como era previsible, varias comunidades autónomas han puesto el grito en el cielo por lo que consideran un agravio comparativo intolerable, y amenazan con organizar la mundial si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cede una vez más a las exigencias de los nacionalistas catalanes. Ocurre que desde hace dos años el Estatuto catalán está pendiente de varios recursos de inconstitucionalidad en varios puntos esenciales, uno de los cuales es, precisamente, el de la financiación y lo que podríamos llamar la bilateralidad, entendida como incompatible con el régimen común. Pero los nacionalistas catalanes amenazan a su vez con organizar una mundial aún más mundial si el Tribunal Constitucional toca una sola coma del Estatuto en esos puntos esenciales, que son los que permiten que Cataluña, sin dejar de formar parte del Reino de España, funcione de hecho no sólo como un país soberano, sino como una especie de metrópolis del resto de España, ejerciendo el veto contra las normas generales que no convengan a sus intereses particulares. Todo esto sucede porque el Gobierno y el partido que dirige José Luis Rodríguez Zapatero (el del estatuto como una patena) son los principales responsables de haber permitido que el Estatuto de Cataluña haya entrado en vigor con esta redacción; y también porque el Tribunal Constitucional, que, según la Ley Orgánica que lo rige, tiene treinta días para dictar sentencia en los recursos que tiene sobre la mesa, lleva ya dos años sin atreverse a hincarle el diente a este bocado tan indigesto. Y el Tribunal Constitucional, se comporta así por dos razones: porque desde el año 1983, cuando dictó aquella inicua sentencia de Rumasa, practica la cobardía disfrazándola de sentido del Estado. La pregunta clave en este momento es la siguiente: ¿qué tiene que pasar en este país para que se vuelva a la cordura? Yo, ni tengo la respuesta, ni sé quién la tiene; porque todo esto se sabía que acabaría pasando, y el pueblo español volvió a votar a José Luis Rodríguez Zapatero para que siguiera presidiendo el Gobierno, y ahí los tenemos otra vez, ahora diciendo que no hay crisis y que cuando levantamos el pie del acelerador crece la renta nacional. Así nos va.