Diálogo de sordos autonómico

COMO ERA DE PREVER, la interminable sesión parlamentaria del jueves, en que el vicepresidente Solbes compareció para debatir la financiación autonómica, resultó un diálogo de sordos perfectamente inútil. Y la razón era perfectamente clara de antemano: frente al ministro se situaban los representantes de intereses muy diversos que, como es lógico, mantienen sus posiciones part iculares hasta que tenga lugar la verdadera negociación, que no ha de ser tanto parlamentaria cuanto técnica, y en su sede natural: el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Quien deberá entonces compatibilizar las diferentes posiciones y ponerlas, en lo posible, de acuerdo será el representante del Estado, es decir, en propa de Financiación (Lofca), que el propio Tribunal Constitucional considera por encima de los Estatutos de Autonomía, que tienen sin embargo su mismo rango. Por supuesto, y en definitiva, todas las comunidades aspiran a conseguir más recursos para financiar mejor sus competencias, por lo que existe una tensión común entre ellas y quien represente a la Administración Central, Solbes en este caso. Zapatero ha reiterado en varias ocasiones, y así lo propugnan los programas socialistas, que el Gobierno ha de gestionar al menos el 50% del gasto público para poder cumplir sus objetivos. El propio Solbes utilizó el apropiado concepto del Sudoku para describir el problema que tiene ante sí. Y realmente harán falta buenas dosis de ingenio y de capacidad de persuasión para encajar las diferentes piezas del puzzle. Ninguna de las demandas es íntegramente atendible pero sí es posible conciliarlas todas parcialmente con dos condiciones, que Solbes ya se ha cuidado de enunciar: una primera, que nadie debe salir perdiendo; una segunda, la ya mencionada de que todas las conclusiones obtenidas en las Comisiones Bilaterales -la catalana no es la única existente en los estatutos- habrán de plegarse a la solución final que obtenga el Consejo de Política Fiscal. El problema mayúsculo de la actual coyuntura es obvio: la crisis económica, que ha trocado el superávit en déficit y ha limitado por tanto drásticamente la disponibilidad de recursos. Es hasta irritante observar que las exigencias de las autonomías se mantienen impertérritas como si nada estuviera ocurriendo. Y que se desentienden del hecho cuasi dramático de que los ingresos fiscales del Estado hayan caído en unos meses el 10%. En estas circunstancias, es fácil de entender el desahogo de Solbes al afirmar que no es concebible que las comunidades autónomas, que tienen capacidad normativa en numerosos ámbitos, se dediquen alegremente a bajar impuestos mientras endurecen sus exigencias. En definitiva, no conduce a nada seguir manteniendo este debate político a plena luz cuando ya se conocen de sobra todas las posiciones respectivas. Lo conveniente es comenzar cuanto antes la discusión técnica, con el mayor realismo posible, teniendo en cuenta no sólo la necesidad de acomodar todas las demandas entre sí sino la situación crítica que vive este país y que obliga a todas las administraciones a ajustarse a las disponibilidades reales.