Diario de León
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PEDRO VICENTE
León

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CUANDO el caso parecía diluirse, el escándalo de los huertos solares ha repuntado de manera súbita, volviendo a reactivarse políticamente y con mucho recorrido por delante. El hecho que lo ha reavivado no es otro que la vinculación nada menos que del director general y responsable del Ente Regional de la Energía, Ricardo González Mantero, con una sociedad titular de una instalación. El dato da un vuelco al caso, por cuanto desmonta la postura oficial de la Junta según la cual ninguno de sus mas de cien altos cargos políticos guardaba relación alguna con empresas dedicadas a la energía solar. Todo se reducía al simple desliz de unos cuantos funcionarios que no habían declarado dicha actividad privada, incurriendo como mucho en una posible incompatibilidad. De modo que con los expedientes abiertos a los ex secretarios de las delegaciones territoriales de León, Javier Lasarte, y Zamora, Manuel Méndez, se pensaba dar por despachado el asunto. Así era hasta que ha salido a la luz la implicación de González Mantero, quién ya dirigía el Ente Regional de la Energía cuando una sociedad constituida por su esposa y su cuñada obtuvo licencia para una instalación solar. Para fatal coincidencia, el huerto en cuestión se ubica en Torrecilla de la Abadesa (Valladolid), uno de los municipios en los que tiene plantados paneles la empresa promovida por Lasarte. La gravedad política no radica tanto en el hecho en sí como en su intento de ocultación. En dos ocasiones, dos, el consejero de Economía, Tomas Villanueva, ha negado en sede parlamentaria la vinculación de cargos políticos con empresas relacionadas con el sector. Lo hizo en su comparecencia del 2 de septiembre y volvió a hacerlo la pasada semana al responder a una pregunta del grupo socialista. La implicación de González Mantero, subordinado político directo del consejero de Economía, coloca por tanto a Villanueva en una situación muy delicada. O cesa fulminantemente al director general de la Energía por ocultarle dicha participación o estará admitiendo, siquiera tácitamente, que ha sido él quien ha faltado a la verdad en las Cortes Regionales. Con el consejero de Economía cogido en ese renuncio, el PSOE se ha lanzado por fin a solicitar la comisión parlamentaria de investigación con la que venía amagando. Después de semanas dando palos de ciego, los socialistas han hecho presa y no la van a soltar tan fácilmente. Al parecer, disponen de datos que extienden la trama a provincias hasta ahora no salpicadas y que implican a otros altos cargos de Junta y a procuradores del grupo popular. En estas circunstancias, puede decirse que el «cortafuegos» político dispuesto por el PP para eludir responsabilidades políticas en el caso se ha visto sobrepasado por las llamas. O se asumen ya responsabilidades políticas, aunque sean de segundo o tercer nivel, o el cerco se irá estrechando cada vez más hacia arriba. Su ausencia del pleno de las Cortes para asistir al funeral por Reol Tejada, impidió al presidente de la Junta contestar la primera pregunta que le ha dirigido sobre el caso el grupo socialista. Gracias a ello Herrera se libró del riesgo de incurrir en el mismo renuncio que el consejero de Economía.

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