Las pensiones: patata caliente Causas legítimas

EL PARLAMENTO inicia hoy una nueva reforma de las pensiones. Entre los cambios más barajados figuran la ampliación de los 15 años laborales contabilizados para calcular la cuantía de la jubilación y la reestructuración de la viudedad. Octavio Granado, dijo ayer que para mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones hay que reformar el Pacto de Toledo, pero con cambios «moderados, nunca traumáticos». Algunas de las reformas que deben aplicarse, apuntó, se centran en incorporar políticas que permitan que haya mas equidad entre lo cotizado y lo percibido para que, si un trabajador se queda en paro, por ejemplo, a los 59 años, no vea muy perjudicada su pensión. Granado defendió al Pacto de Toledo como «gran activo inmaterial del sistema de pensiones» y confió en que siga siendo la base para que, independientemente de quién gobierne, las principales fuerzas políticas puedan llevar a cabo las reformas que garanticen el funcionamiento del sistema de Seguridad Social. LA QUERELLA presentada por la nieta del presidente del Gobierno de la Segunda República Juan Negrín contra la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo resume la comprensible pesadumbre de las víctimas al ver contravenidos los objetivos del proceso incoado por el juez Garzón. Un malestar que se expresa a través de los cauces procesales habilitados al efecto, especialmente pertinentes para aclarar si la Sala debería haber consultado a las partes concernidas antes de adoptar una resolución de carácter «cautelarísimo». Más discutible es, sin embargo, que la querella acuse de prevaricación a los magistrados que adoptaron la decisión y al fiscal que la pidió, lo que significa tanto como atribuirles el impulso de la medida a sabiendas de que es injusta. El impulso a una causa penal sobre efectos tan dolorosos de la contienda civil y de la dictadura aboca de forma inevitable la legítima reivindicación de los familiares al terreno del conflicto jurídico. Pero las discrepancias no deberían llevar a identificarlas como una vulneración ilícita de la memoria de las víctimas.