Presión judicial

LA CELEBRACIÓN de nuevas juntas de jueces en distintos lugares de España para denunciar las carencias de medios en la Administración de Justicia y la posibilidad, formulada al menos en Murcia y Extremadura, de ir a la huelga en febrero certifica la existencia de un profundo descontento en el seno de la carrera que ha rebasado el malestar expresado ante hechos puntuales como el «caso Mari Luz». El mero hecho de que se esgrima el derecho a parar la actividad supone un gesto inédito, ya que, de partida, el silencio de la legislación en torno a la posibilidad de que jueces y fiscales puedan convocar huelga se ha interpretado siempre como una cortapisa implícita a esa alternativa, nunca ejercida en democracia. Pero esta situación interpela aun más si cabe al Consejo del Poder Judicial y al Gobierno a agilizar unas reformas ineludibles.