¿Hasta cuándo protege la ley?

NO HAY PEOR SENSACIÓN que la que acampa entre los ciudadanos de bien al dudar sobre la eficacia de las leyes que deben protegerlo. El sentimiento de impotencia y desvalimiento es máximo cuando una vez resuelto un caso y apresado el delincuente, las sanciones que caen sobre él no se cumplen en su integridad. En el mismo momento de ser aplicada la ley con todo su aparente peso, produce un alivio que da cobertura al sostenimiento de una protección cívica en la que ciudadano se siente seguro. Sin embargo, pronto se instala en él, la certeza de que una cosa es terminar un problema y otra resolver un caso. Y el problema no está terminado cuando el ladrón, el asesino, el maltratador se pasean, mucho antes de lo previsto a la par de los agredidos y con la oportunidad de volver a repetir su hazaña. Este hecho deja constancia de que portarse bien en las cárceles nada tiene que ver con hacerlo en la calle y que una cosa no debe llevar a la otra, sin más. El problema de la justicia y los derechos humanos tiene su confrontación cuando se equiparan y miden los derechos del agresor con los del agredido a quien nunca podrá restablecerse la injusticia de haber sido objeto de ultraje sin culpa. Pero al menos, se pide que las penas se cumplan íntegramente y que de existir un código penal que nos protege de los ataques de aquellos que no saben o no pueden convivir en armonía, sea éste la garantía plena de que se hace todo lo que se puede sobre el que transgrede lo que no debe. El relativismo en cuanto a la aplicación de la ley con rigor permanente genera una trampa social de la que todos salimos mal parados. Se ha extendido la idea de que es un síntoma de progresismo político, la reinserción de los malhechores en el momento que parecen adocenados por el sistema carcelario y que la equivalencia de todas las opiniones, hasta la de quienes atacan, agreden y matan, es el fundamento de la democracia. Pero este paradigma es absolutamente contradictorio ya que de esta forma, los dictamines de los antisociales valdrían lo mismo que los de los ciudadanos que buscan la justicia y la paz en la convivencia armónica. Las creencias privadas siempre son legítimas mientras no afecten a otras personas. En este caso, deben someterse a otras más universales en las que descansen la resolución de los temores colectivos. Las sociedades pueden envilecerse cuando se encierran en un hedonismo complaciente en el que la compasión, el respeto y el igualitarismo, se desploman desde la cúpula misma de lo jurídico dejando que se instale en las calles la petición de algo que debería cumplirse sin apelar a una justicia que ya debe contener. Cada vez que se grita «no quiero compasión, sino justicia» se obvia que una ha sido la que ha abierto el camino de la otra. Por otra parte, quien no tiene respeto no es capaz de estimar lo valioso que se manifiesta y proyecta a través de acciones de cuidado, protección y ayuda. Siempre que éste desaparece se cae en la tiranía del quemasdá. Hemos de valorar y proteger el igualitarismo de todos los ciudadanos pero no con una uniformidad demoledora y letal que nos impida apreciar a los demás según su comportamiento cívico, porque en el tema que nos ocupa no es igual el hombre que ayuda a los demás o el que vive sin molestar al resto que aquel que los agrede. Es, por esto, sobrecogedor que todos los afectados por casos de violencia y muertes pidan lo mismo. Los padres de Marta del Castillo se suman a esta petición como tantos otros que a diario y siendo más anónimos también sienten el temor, y casi la evidencia, de que la ley no va a paliar, en lo que pueda, el restablecimiento de la justicia a la que tienen derecho.

Cada día y en mayor medida pretendemos que nuestra sociedad sea inteligente y se sume a la avanzada de las libertades democráticas garantes del bienestar social más genuino. La convivencia humana sigue planteando problemas graves para los que hay una difícil solución. El valor de la vida se ha relativizado tanto que al menos que seamos los afectados directamente, solo respondemos con alivio ante el inminente hecho de no ser los protagonistas de la acción. Pero en todos está la nefasta sensación de no ser bien tratados como víctimas frente a la aparente ligereza con la que se trata al que delinque. Posiblemente el ciudadano de a pie no conoce las leyes que lo protegen en su desarrollo concreto, ni el alcance de las mismas, así como tampoco es consciente de si estas leyes son blindadas o pueden interpretarse a tenor de las circunstancias. Ni siquiera le interesan las altas disquisiciones que a nivel legislativo se operen para adecuar paulatinamente la legislación vigente a la evolución de la sociedad a través del tiempo. Lo que le preocupa, en verdad, es que ante la variedad de casos de los que pueda ser víctimas tenga una comprobación práctica de la eficacia de las mismas dejando atrás todo tipo de disquisiciones teóricas de alto rango pero evidenciando su efectividad en la justa resolución de los problemas. Por desgracia tenemos la sabiduría de los escaldados. Cuando algo tan importante como la duda de si se cumplen las penas totales impuestas ante asesinatos, violaciones y actos semejantes, está en boca de todos los afectados habría que pararse a pensar si efectivamente la aplicación de la ley se está haciendo correctamente cuando se permite que el agresor salga antes de lo que le fue impuesto. No hay garantía absoluta de que incluso saliendo cuando le corresponde no vuelva a reincidir pero al menos, las familias que sufren la pérdida de un ser querido puedan tener consigo el abrigo de toda la sociedad siendo protegidos con los instrumentos que democráticamente hemos habilitado para ello.

Aprender a convivir en sociedad pasa por aprender a convivir con uno mismo y por tanto, a saber amortiguar las disputas interiores que proceden de las contradicciones propias o el mal ajuste de la autonomía personal y la vinculación con los demás. No podemos resolver las carencias afectivas o los malos hábitos de las conductas de los que infringen pero si remediar con todo lo que esté a nuestro alcance que individuos que valoran la vida ajena tan poco como el arrebato instantáneo con el que la ejecutan, salgan antes de tiempo para volver a intentarlo a bajo coste.