Diario de León
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LA DETENCIÓN de la alcaldesa de la localidad aragonesa de La Muela, su marido, uno de sus hijos y responsables municipales y empresarios hasta un total de 17 personas acusadas de graves delitos de corrupción urbanísticas, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias amplía el mapa de los delitos vinculados al desarrollo inmobiliario que ya afectan a una buena parte del territorio y añaden la sigla del Partido Aragonés Regionalista a las organizaciones salpicadas por las corruptelas. Pero este nuevo caso confirma que la tentación del delito no abarca exclusivamente el ámbito de la construcción residencial, sino también a los desarrollos industriales o de equipamiento. Allí donde un pequeño municipio, simplemente por su proximidad a un gran núcleo urbano, puede poner a disposición de una reducida corporación decisiones de enorme calado y envergadura económica que pueden no sólo desbordar su capacidad de gestión, sino su misma conducta ética.

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