Diario de León
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PEDRO VICENTE
León

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LA PARSIMONIA con la que el PP y el PSOE se han tomado la negociación del llamado pacto contra la crisis en Castilla y León resultaría inaudita si sobre la mesa estuvieran en juego acuerdos verdaderamente urgentes para la economía de la comunidad. Dado el deterioro de ésta, no se comprendería que se dejaran transcurrir 12 días entre las dos primeras reuniones, como tampoco que el plazo para cerrar el pacto se extienda hasta el comienzo del verano.

Ello confirma la sospecha de que estamos ante una pantomima política compartida por parte de ambos partidos, que han decidido presentar a la opinión pública como pacto contra la crisis lo que no es más que una mesa para la negociación de retales y flecos propios de un cajón de sastre. Por fortuna, las verdaderas medidas contra la crisis ya están en marcha en Castilla y León sin necesidad de tener que esperar a ese sedicente pacto. Bien a instancias del Consejo del Diálogo Social, bien a iniciativa propia tras ponerse finalmente las pilas, la Junta ha implementado en las últimas semanas el grueso de las medidas que una comunidad autónoma tiene en su mano para paliar los efectos de la crisis. Esta misma semana las Cortes autorizarán un crédito extraordinario por importe de 43 millones de euros destinados a financiar esos acuerdos del diálogo social.

Si se repasa el temario del mal llamado pacto anticrisis rápidamente se comprueba que prácticamente ninguno de los asuntos incluidos en el mismo guarda relación directa con la crisis. No quiere decir que no sean importantes -”sin duda todos ellos lo son-”, simplemente que estaban ahí desde hace mucho tiempo independientemente de la adversa evolución económica. Algunos de ellos están vinculados al desarrollo del Estatuto de autonomía, caso de la regulación de la llamada renta básica de ciudadanía o el Plan Plurianual de Convergencia Interior. Otros son tan recurrentes como las infraestructuras, el nuevo modelo de financiación autonómica o el endémico problema de la financiación municipal. Y finalmente está el modelo financiero, esto es, la espina que tienen clavada PP y PSOE tras la negativa de las Cajas de Ahorro a pasar por el aro de la integración pactada por ambos partidos a sus espaldas.

En este último punto el acuerdo esta garantizado. En realidad será una puesta en escena de algo que ya existe: el consenso de ambos partidos en torno a una nueva reforma -”la enésima-” de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, que en el futuro dará paso a lo que pomposamente se llama Ley del Sistema Financiero Regional. La nueva ley agotará el escaso margen de maniobra que le queda al poder político para conformar unos órganos rectores más moldeables que los actuales, incluyendo probablemente a los agentes sociales en el cupo de entidades de interés general.

Partido Popular y Partido Socialista no han asumido el revés sufrido en las cajas de ahorro y no van a desaprovechar ninguna ocasión a su alcance para intentar cerrar el paso a quienes no han comulgado con sus ruedas de molino. Incluso abogan ahora por profesionalizar los consejos de administración. Un verdadero sarcasmo por parte de quienes no han hecho otra cosa que politizarlos todo lo que han podido.

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