La sentencia de las casillas

El pasado día 7 de marzo se publicó en el Diario de León, una información titulada «Justicia exige el pago de 150.000 euros de la sentencia de las casillas» relativa a la enajenación de unas viviendas en Riaño, que no se ajusta a la verdad, dado que yo fui el secretario del Ayuntamiento en esa época creo que puedo aclarar algunas incorrecciones. La polémica jurídica es objeto de otro debate que por cuestiones de espacio no puede plantearse ahora. Así cuando dice, que en una subasta celebrada el 1 de junio del 2002 el empresario que ganó el pleito presentó, una oferta en forma y plazo y no le fue aceptada es completamente falso, le fue aceptada. Lo que realmente ocurrió, es que en la subasta del 1 de junio se admitieron todas las plicas, el empresario en cuestión presentó recurso de reposición contra la adjudicación por entender que la ampliación de plazos que el Ayuntamiento había dado no era legal, y él era el único que había pujado en tiempo y forma, a pesar de que su puja era notablemente inferior a la de los demás licitadores. Como consecuencia del recurso presentado, se me pide informe, que presenté el 14 de agosto del 2002, el Pleno de septiembre del 2002 por unanimidad aprueba el informe y desestima el Recurso de Reposición, el empresario interpone Contencioso Administrativo, no hubo por tanto segunda subasta. Y por supuesto, si no hubo segunda subasta, es imposible que no se permitiese al recurrente participar en esa segunda subasta, como publica el artículo. Conviene aclarar que gran parte de las consideraciones jurídicas que planteé en el informe, como el caso de las irregularidades procedimentales que detecté en la subasta, y el modo de subsanarlas, nunca fueron sustanciadas en el juicio, ni en ningún otro procedimiento, por tanto nunca se juzgó el informe jurídico de Secretaría. En el año 2006 el TSJ de Castilla y León estima parcialmente las pretensiones del empresario y condena al Ayuntamiento a repetir la subasta sin derecho a indemnización. Lo que posteriormente ocurrió lo desconozco, puesto que ya no era funcionario de ese Ayuntamiento, aunque como a todos los mortales, me sorprende mucho que a un señor que se le ahorran 120.000 euros por no comprar unas casas, se le tenga que indemnizar ahora con 150.000.