Diario de León
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LA FULMINANTE expulsión por el Gobierno de Marruecos de cuatro mujeres evangelistas de nacionalidad española junto a una alemana acusadas de llevar a cabo acciones de proselitismo religioso en Rabat, supone una manifiesta vulneración los derechos de libertad de expresión, libertad religiosa y de circulación confirmando el proceder arbitrario del régimen de Mohamed VI. Invocar una legalidad que permite la expulsión sin juicio, ni garantías de cualquier persona que realice proselitismo religioso no justifica semejante atropello. Los servicios diplomáticos españoles no pueden aceptar la política de hechos consumados porque está en juego el derecho a la protección consular de los españoles cuando viajan por el extranjero. Una firme protesta diplomática por la actuación discrecional, y sin previa comunicación al Gobierno, es imprescindible, para que Marruecos no interprete los hechos bajo la presunción de que quien calla otorga.

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