Un gran asilo

A DIFERENCIA de otras instituciones oficiales que tienen como norma contemporizar con la realidad, no vaya a incomodarse el poder establecido, el Consejo Económico y Social de Castilla y León no es de los que se dedica a colocar paños calientes. Sus dictámenes gozan de credibilidad general precisamente porque siempre han reflejado con rigor la situación social y económica y su informe anual constituye una radiografía sin trampa ni cartón de la realidad que nos contempla.

Este año el CES ha puesto el dedo sobre una de las dolorosas llagas que tenemos abiertas: el alto índice de envejecimiento de la población. Castilla y León es la Comunidad más envejecida de España, con más de un 22 por ciento de sus habitantes por encima de los 65 años. El fenómeno es especialmente acusado en provincias como Zamora y León, que, junto a las limítrofes de Orense y Lugo, conforman el área territorial más envejecido de España. Si bien esta tasa de envejecimiento no viene de ahora, el hecho adquiere tintes especialmente preocupantes en el actual contexto de crisis económica. Como no podía ser de otra forma, el propio CES advierte que el leve repunte demográfico registrado en los últimos años puede irse al garete tan pronto como se esfume la población inmigrante, sin cuya existencia el crecimiento vegetativo volvería a resultar negativo. Quiere ello decir que, lejos de ir enjugando el actual envejecimiento, estamos abocados a que se agudice todavía más.

Una pirámide poblacional en la que la proporción entre el volumen de trabajadores en activo y el numero de pensionistas es cada vez más reducida -en Zamora de hecho esa proporción ya se ha invertido- nos sitúa ante un horizonte social y económicamente insostenible. Se podrán compensar en el modelo de financiación autonómica los sobrecostes económicos originados por el envejecimiento, pero el déficit social derivado de ese desequilibrio demográfico seguirá siendo desolador.

Naturalmente, no es cuestión de lamentarse del crecimiento en las expectativas de vida, sino de la incapacidad tanto para regenerar la población (índice de natalidad) como para retener a los miles de jóvenes que cada año abandonan estas tierras en busca del porvenir que aquí no encuentran.

Y no quedan ahí los males. El CES alerta de la precaria situación económica de muchos de los pensionistas de Castilla y León, una tercera parte de los cuales se sitúan en el umbral de la pobreza a causa de unas pensiones del todo insuficientes para cubrir sus necesidades. La ley de la Dependencia está llamada a paliar dicha precariedad, pero no garantiza su erradicación. Para ello es imprescindible incrementar sustancialmente las pensiones más bajas, un camino emprendido en otras comunidades autónomas que nadie se ha planteado en ésta. He aquí un gravísimo problema estructural, el del envejecimiento de la población, que debería ser objeto de una atención urgente en Castilla y León y que sin embargo no figura en ninguna de las agendas políticas, ni en la de la Junta ni en la de la oposición, que prefieren dar prioridad a otras cuestiones de trascendencia social infinitamente menor.