Derechos enfrentados

EL NAUFRAGIO de la reforma del sector de las telecomunicaciones en la UE, con el inesperado veto de los eurodiputados al proyecto negociado durante dos años por el temor a que no se garanticen los derechos de los usuarios de Internet, pone de relieve las extraordinarias dificultades que el legislador está encontrando para conciliar la propiedad intelectual y la libertad de uso de los internautas. La supresión en el texto final de la exigencia de una autorización judicial para poder cortar el acceso a la Red, en procesos de sanción por descargas ilegales de contenidos, acabó desembocando en la rebelión de los parlamentarios contrarios a que una autorización administrativa pueda privar de Internet a un usuario durante un período de dos meses a un año. Esta cautela evitará la supresión discrecional y sin garantías del servicio, pero alimenta también, en vísperas de la renovación del Parlamento europeo, un vacío legal.