Vagos

UNA semana y ya no queda ni rastro de las plagiadas directrices de ordenación del territorio de la montaña cantábrica. Aquí no ha pasado nada. La señora Ruiz sigue en su sitio, o sea, al frente de la Consejería de Medio Ambiente y como vicepresidenta de la Junta y la empresa espera a que amaine el temporal.

Es asombroso. La única consecuencia que ha sucedido al escándalo es el anuncio de que se retiran las DOT, como si fuera algo extraordinario, y algo así como que la Junta reclamará los casi 200.000 euros pagados a Cotesa por copiar de Internet la mayor parte de los contenidos de la futura ordenación territorial de la montaña cantábrica leonesa y palentina (términos censurados en las DOT). Sigamos el rastro al dinero, a ver si vuelve de verdad a las arcas públicas.

Pero no se trata sólo de dinero. Aquí hay mucho más en juego: la credibilidad de una administración autonómica, los servicios centrales de Valladolid, que ha pasado por alto el plagio. ¿O es que los trabajos externos no son fiscalizados? Sin ninguna duda, la responsabilidad no puede caer en cascada sobre el aparato burocrático. Las responsabilidades son políticas, pero la ciudadanía tiene el legítimo derecho a preguntarse qué función cumplen los famosos servicios centrales de la Junta. Y a quién sirven.

Y si todo el aparato burocrático-político ha pasado por alto este caso, ¿cuántos más se habrán colado a costa del contribuyente? Insisto, no se trata sólo de dinero, se trata también de calidad y salud democrática y éstas quedan quebradas desde el momento en que nadie se da por aludido/a. Ni se pide perdón a la ciudadanía por la estafa política. ¿Se puede decidir el futuro de todo un territorio con sus habitantes copiando en Internet?

La trama resulta hilarante: una empresa que pertenece al grupo Tecopy copia en el Rincón del Vago y la ciudadanía descubre el «cambiazo» por la prensa. No engañaron a nadie. Todo formaba parte de una opereta en la que el público al final tiene que aplaudir o... botar a la compañía.