Contra la xenofobia y el neofascismo

 A FINALES del mes de abril concluía en Suiza la Conferencia de NN. UU. Encargada de analizar los resultados de los acuerdos de Durban (Sudáfrica) y en su declaración final, los Estados constataron que vivimos momentos de crecimiento de manifestaciones racistas, xenófobas, antisemitas, homófobas, neofascistas, islamófobas y de intolerancia relacionada con el odio y la discriminación hacia colectivos por diversas motivaciones que niegan la diversidad y el pluralismo social. Además, con independencia de los conflictos políticos en el mundo, la crisis económica internacional está facilitando que se desaten y aumenten estas lacras de la humanidad, nunca extinguidas desde la II Guerra Mundial.

Esta apreciación tan evidente que con anterioridad a la Conferencia de Naciones Unidas diversos organismos e instancias ya advirtieron que la crisis económica incrementa la intolerancia y la xenofobia.

Lo planteó la OSCE, el Consejo de Europa y la Unión Europea y más allá fue el FBI, en los EE. UU., al difundir un informe sobre la amenaza de la ultraderecha en USA; incluso el Jefe del Departamento Antiterrorista de Escocia alertó que la amenaza neonazi es tan peligrosa como Al Quaeda.

En efecto, en Europa no solo se observa un incremento latente de la xenofobia social, también crecen las organizaciones racistas y antisemitas, emerge un neofascismo organizado y visible en internet coordinado internacionalmente, incluso con proyecciones institucionales como en Austria, Italia, Francia, Gran Bretaña ente otros; aunque lo más dramático a señalar es el hostigamiento a personas y colectivos vulnerables, a inmigrantes, a gitanos que huyen de Chequia e incluso asesinatos, como los 122 que hizo público el gobierno de Rusia durante 2008 como crímenes de odio.

Frente a esta realidad, los organismos internacionales ya están alertando y no se andan con trivializaciones, piden a los Estados más acciones firmes frente a estas lacras lacerantes. La reciente Declaración de NN. UU. no deja ninguna duda y establece mandatos precisos, como que «los Estados deben castigar las actividades violentas, racistas y xenófobas de grupos que se basan en ideologías neonazis, neofascistas y otras ideologías nacionalistas violentas» y que «el Holocausto nunca debe olvidarse» urgiendo a los Estados a que apliquen las resoluciones correspondientes de la Asamblea General, especialmente en el ámbito de la educación. Unos meses antes, la Unión Europea aprobó la Directiva Marco de Derecho Penal contra el Racismo y Xenofobia, obligando a los Estados a sancionar penalmente a quienes inciten al odio, violencia y discriminación por motivos raciales, xenófobos, antisemitas y de intolerancia religiosa.

En España, mientras tanto, se presta insuficiente atención al problema, pese a su crecimiento acelerado. Hemos visto autorizadas manifestaciones xenófobas, conciertos racistas clandestinos, una presencia neonazi en internet que supera los dos centenares de webs, las gradas ultras del fútbol son viveros neofascistas, se producen conferencias de negacionistas del Holocausto, como D. Irving, de racistas, como el ex-lider del KKK, D. Duque, y seminarios de adoctrinamiento a veteranos nazis como Manfred Roeder, todo ello junto a un proceso continuado de construcción organizativa de grupos políticos neofascistas. Y también, con un goteo constante de agresiones individuales o en grupo hacia inmigrantes, negros, homosexuales, indigentes, jóvenes de izquierdas, sedes de grupos sociales y colectivos que se hacen visibles, como es el caso de los judíos.

España no es un país racista, ni xenófobo, ni antisemita. Sus leyes, instituciones y políticas no responden a esos fundamentos, pero si hay conductas racistas, xenófobas y neofascistas, conductas que no solo cristalizan en grupos organizados, también se difunden capilarmente en todo el tejido social, fluyendo a través de las personas. Y es en momentos de crisis económica y social cuando esta lacra organizada tiene su opción, no solo para atacar a colectivos vulnerables, sino para golpear el edificio democrático, al que odian con todas sus fuerzas y se conjuran para su derribo. Todas las sociedades tienen esta lacra pero siempre que se deslegitime y actúe contra ella, la convivencia democrática y los derechos humanos tendrán su oportunidad.

En España todos los estudios sociológicos confirman el crecimiento de la intolerancia ideológica y de la xenofobia, entre otros motivos por el cambio de mirada social sobre la inmigración, sin embargo el dato más preocupante es el que hizo público el INJUVE señalando que un 14% de los adolescentes estaría dispuesto a votar a un partido racista. Si a este dato añadimos la continua agitación del neofascismo en ambientes de adolescentes y jóvenes alimentando posiciones «antisistema» con una demagogia fácil y xenófoba, entonces nos encontraremos con una situación cuando menos, inquietante.

La lucha contra la lacra racista y la intolerancia xenófoba solo puede ser democrática, es decir, en el marco de la legalidad del Estado de derecho, rechazando el uso de la violencia, defendiendo los valores democráticos de igualdad, tolerancia y derechos humanos; además debe tener un carácter integral en su respuesta porque no se puede afirmar el antirracismo y conducirse como antisemita, no se puede estar contra el odio y la discriminación racial y ser homófobo y sexista, no se puede estar contra el genocidio y defender el uso de la violencia y el terrorismo; no se puede estar contra la intolerancia integrista y asumir posiciones de la revolución islámica que legitiman el yihadismo.

Sin embargo los problemas no solo se sitúan en el ámbito de grupos situados en la marginalidad política. La deficitaria implicación de los partidos democráticos en la lucha contra el racismo, antisemitismo e intolerancia, la existencia de manifestaciones xenófobas en el tejido institucional, los abusos y comportamientos inaceptables de personas que cumplen funciones de seguridad, privada o pública, junto a la débil voluntad institucional en todos los planos, convierten la inquietud en preocupación aguda de quienes vemos incertidumbres en el horizonte.

Solo hay un camino, la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, desde el Estado junto a las organizaciones ciudadanas para hacer cumplir mandatos constitucionales e internacionales como el señalado por Naciones Unidas. Y cumplirlo pasa por prohibir manifestaciones xenófobas, cerrar webs neonazis e ilegalizar organizaciones racistas, además de promover una legislación integral y una Fiscalía especial para actuar contra el racismo y la intolerancia. Todos juntos, en democracia, si podemos.