Discapacidad y sufragio activo

LA CONVENCIÓN internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados Parte, entre los que se encuentra España, a garantizar los derechos políticos y la igualdad de condiciones en su ejercicio a los discapacitados. En relación con el sufragio activo, deben asegurar que «los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar, así como la protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto.»

La entrada en vigor de este Tratado internacional, el 3 de mayo de 2008, conlleva que los poderes públicos tengan que realizar una reforma legislativa, dirigida a hacer realidad la plena autonomía e independencia de las personas discapacitadas en el ejercicio de su derecho de voto. Por tanto, para que puedan materializarlo en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos, hay que implementar los mecanismos necesarios para que no necesiten la asistencia de personas de su confianza. Para ello, podría ser muy útil el voto electrónico por internet, siempre que se desarrolle un sistema informático que garantice la seguridad del procedimiento.

En nuestro país, el 70% de los locales electorales son inaccesibles, por ello, es imprescindible el establecimiento de importantes sanciones para el supuesto de que los colegios electorales no sean accesibles a personas con movilidad limitada, porque no se puede consentir que, en pleno siglo XXI, para salvar las barreras arquitectónicas los discapacitados tengan que ser porteados en brazos, como si fueran objetos, hasta la urna, menoscabándose gravemente su dignidad, por pura desidia e incompetencia de la Administración, o que tenga que sacarse una urna hasta la calle para que puedan realizar el sufragio. Este trato degradante en modo alguno contribuye a la integración de las personas con discapacidad.

Asimismo, recojo la queja manifestada por el Foro de Vida Independiente relativa a que los domingos no funcionan los servicios de ayuda a domicilio, por lo que muchas personas que están postradas en la cama y necesitan de su asistencia para poder levantarse no pueden acudir a su colegio electoral. Ciertamente, es un grave problema que tiene tan fácil solución, que sólo la indiferencia y la desconsideración de la Administración con las personas con diversidad funcional es la responsable de la perpetuación de esta situación.

Por otra parte, se debe garantizar que toda la información electoral, entendida en el sentido amplio del término, esté disponible en formatos accesibles, esto significa que tanto los debates televisivos entre candidatos, como la publicidad y la propaganda electoral deben presentarse a la sociedad tanto con subtítulos, como con traducción simultánea en lenguaje de sordos, así como en el sistema de lecto-"escritura Braille, ya que actualmente existe tecnología para llevarlo a efecto y si no se hace es por una falta absoluta de voluntad política. Estas medidas están dirigidas a garantizar que estos ciudadanos puedan confrontar las ideas y programas políticos que presentan las diferentes formaciones, y así poder depositar su confianza con conocimiento previo de la ideología y de las políticas que propugnan los partidos políticos, sólo así se les asegurará plenamente su derecho al sufragio activo y, por extensión, a participar en la vida política.