Diario de León

Tribuna | Fernando GARCÍA MARTÍNEZ

¿Urge una reforma laboral? Sí, por favor

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Es urgente una reforma laboral, claro que sí. Es urgente regular de una vez por todas el mercado de trabajo, pero es urgente hacerlo en todos los estratos sociales, empezando principalmente por aquél del cual casi nadie quiere hablar: por el estrato de la casta privilegiada. ¿Por qué siempre que se quiere hacer una reforma laboral, se refieren al gran colectivo de abajo, que ya está bastante regulado? Basándonos en que el mundo entero es igual ante la ley por naturaleza y los españoles, además, según el artículo número 14 de nuestra Constitución, el trabajo y su regulación ha de ser también igual para todos. No ha de haber diferencias. Conforme a estos dos principios fundamentales, ha de plantearse la reforma laboral como un todo único, del cual no debe quedar exenta ninguna parte. Hablemos hoy de lo que hay que estructurar y legislar en las altas esferas, que sin duda contribuirá a que la sociedad y el Estado funcionen mucho mejor y haya trabajo digno, sueldo digno y equidad en todos los ámbitos. En primer lugar, nunca una persona tiene que ocupar más de un puesto de trabajo. No es justo que algunos tengan varios cargos o empleos, bien remunerados encima, y otros estén en el más absoluto desempleo. El trabajo es un bien que pertenece a todo el mundo. Además, si uno tiene que responder en sus ocupaciones, no creo que la multifuncionalidad contribuya a ello. Por otra parte, el sueldo ha de ir acorde con el rendimiento y ha de tener también unos límites lógicos. Los sueldos exagerados no son razonables, ni justos; además, corrompen y hacen caer a la persona, muchas veces, en una escasa operatividad en sus funciones, incluso en la inactividad y hasta en el despotismo. En segundo lugar, nunca se deben asignar puestos de trabajos a dedo ni mucho menos crearlos para favorecer a unas determinadas personas. Es bien patente que en las altas esferas, si alguien tiene que abandonar su puesto, por el motivo que sea, enseguida se le busca otro, decorativo o no pero, eso sí, sobrado siempre en emolumentos, aunque no sepa del tema ni palote. ¿Qué ocurre si un simple asalariado pierde su puesto? No cabe duda de que él solito tiene que solucionar y buscarse la vida. ¿A qué vienen, pues, esas prebendas injustas? En tercer lugar, ha de desaparecer igualmente la casta del funcionariado inmune al despido, es decir, su patente de puesto indefinido o fijo. ¿Qué mérito tienen esas personas que no tengan las de los trabajos temporales? Con la normativa actual que tenemos, vemos después en mucha gente el escaso rendimiento, el esfuerzo cero, la despreocupación y la falta de entrega hacia los demás. Pero están tranquilos, porque saben que no les pueden echar. Es más, a veces se muestran incluso prepotentes y menosprecian al indefenso. Hemos de comprender que tanto tú como yo tendremos derecho a un puesto fijo, si respondemos seriamente en las obligaciones que tenemos encomendadas. Nadie hay más que nadie. No ha de haber puestos fijos ni temporales, sino puestos de personas responsables a las que mimen las empresas y el Estado, formándolas y potenciando sus valores técnicos y humanos que hagan de la Nación una fuerza potente y acogedora para todos los que la conforman. En cuarto lugar, si un día se aprobó la pensión vitalicia para los ex presidentes, ex ministros y la que de hecho tienen ex altos cargos de grandes empresas, creemos sinceramente que no hay razón para ello. Y menos sobrepasando lo límites dinerarios establecidos para el común de los mortales. Y menos aún, todavía, que varios de ellos cobren más de una pensión. Invocando de nuevo el principio de igualdad, nadie ha de tener una pensión de por vida hasta que no esté jubilado. Que no se aprueben normas de este estilo sin el consentimiento del pueblo, porque es obvio que referente a este tema siempre se ponen de acuerdo todos los partidos y no precisamente teniendo en cuenta la inflación. ¿Qué sugiere esto al común de los contribuyentes? Creo que es muy explicativo. En quinto lugar, fuera prejubilaciones. Todo el mundo ha de hacerlo a la misma edad, salvo razones de salud bien justificadas. Es una incongruencia querer prolongar la edad laboral y después admitir un sin fin de prejubilaciones. No tiene sentido. Sí tiene sentido, por ejemplo, anticipar la jubilación a los 60 años, para que los jóvenes con otra vitalidad estén todos ocupados y generen un impulso más dinámico y productivo en el desarrollo de la nación y, así, los mayores puedan disfrutar después, tranquilamente, del descanso que se han ganado. En fin, podríamos seguir enumerando más puntos, pero creemos que son suficientes si hay voluntad de hacer algo. Por aquí deben ir los tiros y no siempre por machacar al más débil. Necesitamos una ley bien pensada, que sea consensuada por todos los grupos políticos en el Parlamento y refrendada por el pueblo, nunca fraguada por corros partidistas en restaurantes caros con los tributos de todos los españoles y después respaldada por distintos intereses en el Congreso de los diputados. El día que se haga esta reforma, bien estudiada y equitativa para todos, que es urgente, no faltará el trabajo, la vida social será dinámica y activa, las pensiones estarán aseguradas y España tendrá un peso preponderante ante el mundo y brillará con luz propia. Todo lo que no se haga en esta dirección, será peor de lo mismo.

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