En peligro de extinción
El corro | pedro vicente
L a e spectacular cosecha cerealista registrada en el 2008, una de las mayores que se recuerdan, ocultó el pasado año la verdadera situación del sector agrario, cuyo declive sigue sin tocar fondo. Esa inusual cosecha dio continuidad además al espejismo que se produjo en el 2007, año en el que el mercado internacional -dijeron que a causa de la demanda para biocombustibles- disparó el precio del cereal y de paso también el del pan.
Tras esa bonanza coyuntural, la cosecha del 2009 está devolviendo al campo de Castilla y León a su dura realidad. No es que la producción haya caído más de la mitad respecto a la pasada campaña, es que se ha reducido un 36 por ciento sobre la cosecha media del periodo 2000-2008. Adversidades meteorológicas aparte, de entrada la superficie sembrada era un 17 por ciento inferior, a causa del retraimiento de los agricultores ante el incremento de los costes de producción y la negativa evolución de los precios. El resultado es que este año ambas crisis, la del sector agrario y la general, se solapan, de modo que la cosecha no maquillará, como en el 2008, el Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma.
La agroalimentación es, sin duda, uno de los principales motores de la economía de Castilla y León, un sector estratégico con el que la Junta está volcada. La controvertida campaña «Tierra de Sabor» no es más que el escaparate propagandístico del Plan de Promoción y de Comercialización del Sector Agroalimentario de Castilla y León 2008-2011, dotado inicialmente con 867 millones de euros.
Pero una cosa es la industria agroalimentaria, incluso la producción agraria, y otra los agricultores y ganaderos. Y mientras la primera está al alza y con mucho recorrido por delante, los segundos siguen estando inmersos en la gran reconversión encubierta por la Política Agraria Común, cuyo último exponente ha sido la drástica reducción del antes pujante sector remolachero. Los efectos anestésicos de las ayudas de la PAC han ocultado las verdaderas consecuencias sociales de esa reconversión, que no son otras que la incesante pérdida de población activa agraria y el consiguiente abandono del medio rural. El llamado agricultor a título principal (ATP) es una figura en serio peligro de extinción en Castilla y León. No llegan a 50.000 en el conjunto de la comunidad. Y el mantenimiento de la explotación familiar agraria debiera de ser el primer objetivo de cualquier estrategia de lucha contra la despoblación rural. De hecho, por ahí es por donde ha comenzado fallando la política sobre población aplicada por la Junta en los pasados años.
Con un año de retraso sobre su propio calendario, la Consejería de Agricultura ha lanzado ahora el llamado Plan Integral Agrario y de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, dotado sobre el papel -ya se sabe que el papel lo aguanta todo- nada menos que con 4.222 millones de euros. Entre los principales objetivos se citan los de modernizar 82.000 hectáreas, transformar en regadío otras 51.000 e incorporar 3.160 jóvenes al sector agrario. No tengo ninguna duda de que si la Junta se lo propone conseguirá cumplir las previsiones respecto a las hectáreas. Veremos en qué queda el pretendido relevo generacional.